En una reciente decisión, la Corte reitera la protección a los trabajadores en estado de debilidad manifiesta y establece criterios claros para evitar despidos injustificados.
En un fallo crucial, la Sala Segunda de Revisión de la Corte Constitucional de Colombia reafirmó el derecho a la estabilidad laboral reforzada para trabajadores en condiciones de salud vulnerables. La Corte analizó cuatro acciones de tutela que denunciaban despidos discriminatorios, estableciendo que la protección de estos derechos es esencial para prevenir la terminación de contratos laborales basada en el estado de salud de los trabajadores.
En su pronunciamiento, la Corte explicó que el propósito de proteger el derecho a la estabilidad laboral reforzada es evitar despidos arbitrarios y discriminatorios. En el caso de los cuatro demandantes, todos alegaron que sus empleadores terminaron sus contratos sin tener en cuenta sus condiciones de salud, las cuales eran de conocimiento previo para las empresas.
La Corte consideró que la acción de tutela solo es procedente de manera excepcional para este tipo de reclamos, enfatizando que existen mecanismos adecuados, como el proceso laboral ordinario y los recursos ante la jurisdicción contencioso-administrativa, para abordar estos casos. Como resultado, se declaró la improcedencia de tres de las cuatro acciones de tutela presentadas, al no cumplirse el requisito de subsidiariedad.
Sin embargo, en el caso que sí avanzó, la Corte decidió amparar temporalmente el derecho a la estabilidad laboral reforzada hasta que se tome una decisión definitiva en la jurisdicción laboral o el empleador presente pruebas válidas ante el Ministerio del Trabajo para justificar el despido.
La Sala dejó claro que la estabilidad laboral reforzada abarca todo tipo de enfermedades y condiciones de discapacidad que afecten significativamente el desempeño laboral. Este derecho es aplicable a cualquier relación de trabajo, ya sea a término fijo, indefinido, por obra o verbal.
Para que el amparo del derecho a la estabilidad laboral reforzada sea procedente, deben cumplirse tres requisitos fundamentales:
- El trabajador debe estar en una condición de salud que dificulte su rendimiento laboral.
- El empleador debe conocer esta condición antes del despido, evidenciada por permisos médicos o incapacidades.
- No debe haber una justificación válida para el despido que demuestre que este se basa en razones objetivas y no en la situación médica del trabajador.
La Corte subrayó que la debilidad manifiesta por razones de salud no puede ser un motivo para despedir a un trabajador, pues eso constituiría una discriminación prohibida por la Constitución.
Detalles de fondo
Este fallo reafirma el compromiso de la Corte Constitucional de proteger los derechos laborales de los trabajadores en Colombia, especialmente aquellos que enfrentan situaciones de vulnerabilidad por motivos de salud. La estabilidad laboral reforzada se convierte así en una herramienta esencial para garantizar la dignidad y los derechos de los empleados, promoviendo un entorno laboral justo y equitativo.
“El despido de un trabajador en estado de debilidad manifiesta es un acto de discriminación que no será tolerado por nuestra Constitución”, declaró el magistrado ponente Juan Carlos Cortés González.
Con esta decisión, la Corte Constitucional envía un mensaje claro sobre la importancia de proteger los derechos laborales en situaciones de vulnerabilidad. La protección de la estabilidad laboral reforzada es crucial para prevenir la discriminación y asegurar un trato justo para todos los trabajadores, independientemente de su estado de salud.
Información adicional
La Corte también recordó que la carga de la prueba en estos casos recae en el empleador, quien debe demostrar que la terminación del contrato se basa en razones objetivas y no en la condición de salud del trabajador. Link de la decisión
⚪ Glosario jurídico:
Derecho a la estabilidad laboral reforzada de personas en estado de debilidad manifiesta por motivos de salud: La Corte Constitucional ha indicado que el derecho a la estabilidad laboral reforzada de personas en situación de debilidad manifiesta tiene un origen constitucional soportado en: (i) los principios del Estado social de derecho que sustentan el respeto a la dignidad humana, el trabajo y la solidaridad; (ii) el derecho a la igualdad real y efectiva sin discriminación alguna, y la obligación de proteger a quienes se encuentren en circunstancias de debilidad manifiesta; (iii) la obligación del Estado de adelantar una política de atención integral para las personas con limitaciones físicas, sensoriales y cognitivas; (iv) el derecho al trabajo en igualdad de oportunidades y la estabilidad en el empleo reconociendo las situaciones más favorables para los trabajadores; y (v) la obligación del Estado de garantizar a las personas en situación de disminución de su capacidad laboral un derecho al trabajo acorde con sus condiciones de salud.
