La Corte Constitucional dictó una sentencia a favor de una ex empleada de una universidad que fue despedida luego de interponer una queja de acoso laboral. La institución deberá implementar medidas para prevenir futuros casos de acoso.
La Sala Primera de Revisión de la Corte Constitucional ha ordenado el reintegro de Karina, una trabajadora que no vio renovado su contrato en una universidad tras presentar una denuncia de acoso laboral contra su jefe. La decisión, emitida el 21 de agosto de 2024, subraya el derecho fundamental a trabajar en condiciones dignas y no ser objeto de represalias por denunciar abuso.
La Corte Constitucional falló a favor de Karina, quien trabajó durante más de 12 años en una universidad antes de presentar una denuncia de acoso laboral en 2022. La denuncia se basó en el comportamiento de su jefe, que Karina señalaba como una represalia por apoyar a otra docente que previamente había denunciado al mismo superior por acoso y violencia de género.
Pese a su historial laboral positivo, Karina no recibió apoyo del comité de convivencia laboral de la universidad, que no tramitó su queja. Al finalizar el año, la universidad decidió no renovar su contrato, lo que llevó a Karina a interponer una acción de tutela para proteger sus derechos fundamentales.
La Corte no pudo confirmar si Karina había sido víctima de acoso, pero observó que su despido parecía una represalia por su denuncia. En su sentencia, el tribunal identificó un patrón de «violencia de segundo orden» o violencia de género aislante, caracterizada por retaliaciones contra quienes apoyan a víctimas de violencia de género. La Corte enfatizó la importancia de reconocer y abordar este tipo de violencia para proteger a quienes se solidarizan con las víctimas.
Como resultado, la Corte ordenó el reintegro de Karina a su puesto y el pago de los salarios y prestaciones sociales que dejó de percibir. Además, la institución deberá realizar un diagnóstico del ambiente laboral con enfoque de género y establecer un protocolo de atención para manejar denuncias de acoso laboral de manera efectiva.
Detalles de fondo: La sentencia T-141 de 2024 subraya la necesidad de mecanismos claros y efectivos para abordar el acoso laboral en las instituciones. La Corte ha instado a la universidad a adoptar medidas preventivas y correctivas, destacando la importancia de un entorno laboral seguro y libre de represalias para quienes denuncian abusos.
Natalia Ángel Cabo, magistrada ponente, afirmó: «Es esencial que las instituciones adopten medidas preventivas y correctivas para asegurar que las denuncias de acoso laboral sean atendidas adecuadamente y que quienes apoyan a las víctimas no enfrenten represalias».
La decisión de la Corte Constitucional destaca un paso significativo en la protección de los derechos laborales y la igualdad de género en el ámbito laboral. La universidad tendrá ahora la responsabilidad de garantizar que su entorno de trabajo sea seguro y equitativo, y de implementar un protocolo eficaz para prevenir y tratar casos de acoso laboral.
Información adicional: La sentencia completa está disponible en el sitio web de la Corte Constitucional: Sentencia T-141 de 2024.
