Las mesas técnicas para seguir de cerca las sentencias sobre la vulneración de derechos en la población carcelaria marcan un hito en la lucha por mejorar las condiciones penitenciarias en Colombia.
La Corte Constitucional da un paso importante para mejorar la situación carcelaria de Colombia
Este 2024, la Corte Constitucional ha decidido establecer mesas técnicas que incluirán un Comité de Expertos Voluntarios y una red de apoyo, con el objetivo de fortalecer el seguimiento a las sentencias que han declarado la vulneración masiva de derechos en la población privada de libertad. Este es un avance crucial para abordar las profundas crisis que enfrentan los centros penitenciarios del país.
¿Qué Implica esta Nueva Medida y Cómo Afectará a la Población Carcelaria?
La Corte Constitucional de Colombia ha emitido un auto clave que ordena la creación de mesas técnicas que involucren tanto a expertos voluntarios como a organizaciones de la sociedad civil. Estas mesas tienen como objetivo evaluar y diagnosticar el esquema de seguimiento actual sobre las sentencias que han reconocido el estado de cosas inconstitucional (ECI) en el sistema penitenciario del país.
¿Por qué es tan importante este paso?
- Diagnóstico y Ajustes a las Estrategias de Supervisión: Las mesas técnicas permitirán identificar las fallas, obstáculos y barreras administrativas en los procesos de mejora dentro de los centros de reclusión. De esta forma, se podrán formular ajustes y estrategias más efectivas que contribuyan a la superación del ECI.
- Comité de Expertos Voluntarios: Los expertos voluntarios desempeñarán un papel fundamental, asesorando en la elaboración de indicadores de seguimiento y en la supervisión de la implementación de estos en los establecimientos de reclusión. También podrán recomendar lugares para realizar pruebas piloto y testeo de indicadores.
- Participación de la Sociedad Civil y la Academia: Este proceso no se limita a las instituciones gubernamentales, sino que también convoca a organizaciones de la sociedad civil, académicos y movimientos como el Movimiento Nacional Carcelario. Todos estos actores podrán contribuir a la implementación de soluciones duraderas para la crisis del sistema penitenciario.
Contexto de la Crisis Carcelaria en Colombia
La situación en las cárceles colombianas ha sido un tema recurrente en las decisiones de la Corte Constitucional, que ha emitido varias sentencias clave a lo largo de los años para denunciar la vulneración de derechos humanos en el sistema penitenciario.
Sentencias Clave:
- Sentencia T-153 de 1998: Fue la primera vez que la Corte declaró el estado de cosas inconstitucional (ECI) en el sistema penitenciario del país debido al hacinamiento extremo. En ese momento, había una población carcelaria de 42.118 personas, cuando los cupos disponibles solo eran 29.217, lo que generaba un hacinamiento del 44%.
- Sentencia T-388 de 2013: La Corte volvió a declarar el ECI en el sistema penitenciario, reconociendo que aunque persistían problemas como el hacinamiento, las causas de la crisis eran distintas. Aquí se identificaron deficiencias en las políticas públicas de seguridad y justicia.
- Sentencia T-762 de 2015: La Corte reafirmó la existencia del ECI, destacando los errores en la política criminal del país, que ha sido descrita como reactiva, incoherente y desarticulada.
- Sentencia SU-122 de 2022: Por primera vez, se extendió la declaratoria de ECI a los centros de detención transitoria, donde las condiciones de detención eran igualmente inconstitucionales, superando el límite de 36 horas establecido por la ley para la permanencia en estos centros.
El Comité de Expertos y la Red de Apoyo
La creación del Comité de Expertos Voluntarios busca reunir a seis representantes de diversas instituciones y organismos que trabajen directamente en la problemática penitenciaria. Esta selección se realizará según criterios de representatividad y experiencia profesional en el área. Los expertos actuarán como asesores y contribuirán al diseño de soluciones viables para mejorar las condiciones de los centros penitenciarios y de detención transitoria.
Además, se convocará a organizaciones de la sociedad civil, especialmente a las que forman parte de la Comisión de Seguimiento a la Sentencia T-388 de 2013, para que se sumen a esta red de apoyo. La participación activa de estas organizaciones será clave para garantizar que las medidas adoptadas no solo sean efectivas, sino también inclusivas y respetuosas de los derechos humanos.
¿Cómo Puede Afectar a la Población Carcelaria?
Estas medidas, si se implementan correctamente, podrían mejorar significativamente las condiciones de vida de miles de personas privadas de libertad en Colombia. El establecimiento de mesas técnicas y la inclusión de expertos y organizaciones no solo buscan evaluar el estado actual de las prisiones, sino también generar un proceso constante de mejora, formulando ajustes para superar las barreras institucionales y administrativas que perpetúan la crisis.
Próximos pasos: Los interesados en formar parte del Comité de Expertos Voluntarios podrán postularse hasta el 9 de diciembre de 2024. Esta es una oportunidad única para contribuir directamente a la mejora del sistema penitenciario colombiano.
‘Un Paso Hacia la Justicia y la Dignidad‘. La decisión de la Corte Constitucional de crear mesas técnicas y un Comité de Expertos Voluntarios representa un avance importante en la lucha por los derechos humanos de la población carcelaria. Aunque aún queda mucho por hacer, estas medidas abren la puerta a una transformación del sistema penitenciario de Colombia, promoviendo una cultura de justicia, respeto y dignidad para las personas privadas de libertad.
Información Adicional
- Postulación para el Comité de Expertos Voluntarios: Los interesados pueden postularse hasta el 9 de diciembre de 2024 aquí.
- Acceso al Auto 1746 de 2024: Consulta el auto completo aquí.
¿Qué opinas sobre las nuevas medidas? ¿Crees que estas iniciativas realmente marcarán una diferencia en las cárceles de Colombia? Deja tu comentario y comparte este artículo para promover el debate sobre la reforma del sistema penitenciario.
🟡 Corte ordena conformar mesas técnicas que vinculen un Comité de Expertos Voluntarios y una red de apoyo que fortalezcan el seguimiento a las sentencias que declararon la vulneración masiva de derechos en la población carcelaria
Para la Sala, el objetivo de las mesas técnicas de trabajo es generar un escenario de diagnóstico del esquema actual de seguimiento, con el fin de identificar las fallas, obstáculos y barreras administrativas en el proceso de superación del ECI y, eventualmente, formular ajustes y estrategias complementarias que contribuyan a su eficiencia.
🟤 Link de la decisión.
⚪ Glosario jurídico:
- Sentencia T-153 de 1998: la Corte declaró la existencia del primer estado de cosas inconstitucional en las prisiones del país. Dicha declaratoria se fundamentó en que, a 30 de septiembre de 1997, había
una población de 42.118 personas en los establecimientos de reclusión, los cuales solo contaban con 29.217 cupos, presentando un hacinamiento del 44%. - Sentencia T-388 de 2013: La Corte declaró por segunda vez un ECI en el sistema penitenciario y carcelario. En esta oportunidad a diferencia de la declaratoria del año 1998, se encontró que, si bien en el sistema persistían problemas como el hacinamiento y la vulneración masiva de
otros derechos de la población privada de su libertad, sus causas eran diferentes. - Sentencia T-762 de 2015: la Corte reiteró la existencia del ECI penitenciario y carcelario, como consecuencia del manejo de la política criminal. La Corporación reconoció que la política criminal colombiana ha sido reactiva, populista, poco reflexiva, volátil, incoherente y subordinada a la política de seguridad, lo que ha perpetuado la violación masiva y generalizada de los derechos de las personas privadas de la libertad y ha impedido que se cumpla el fin resocializador de la pena.
- Sentencia SU-122 de 2022: La Corte extendió la declaratoria del estado de cosas inconstitucional a los centros de detención transitoria en atención a la grave situación que se presenta en las estaciones, subestaciones de policía y unidades de reacción inmediata, así como en lugares similares, en donde se mantienen en una situación inconstitucional a las personas detenidas por más de las 36 horas permitidas por la Constitución y la ley.
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