Colombia ejemplifica la crisis con un clima de agresiones y descalificaciones hacia periodistas, que amenaza la independencia y el ejercicio del periodismo.
El Índice de Chapultepec 2024 revela que ninguna nación en el continente americano goza de plena libertad de expresión, destacando un deterioro generalizado en la situación de la prensa y los periodistas.
Córdoba, Argentina (19 de octubre de 2024) – La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) presenta su Índice de Chapultepec 2024, que evidencia un preocupante descenso en las libertades de expresión y prensa en las Américas, con un promedio de 48,12 puntos, por debajo del rango medio por segundo año consecutivo.
En la 80ª Asamblea General de la SIP, Carlos Jornet, presidente de la Comisión de Libertad de Prensa e Información, destacó que esta es la primera edición del Índice donde ningún país se encuentra en la categoría de “libertad de expresión”. El barómetro abarcó 22 naciones entre el 2 de agosto de 2023 y el 1 de agosto de 2024, revelando que solo Chile, República Dominicana, Canadá, Estados Unidos, Brasil, Uruguay, Jamaica y Panamá lograron situarse en la franja de “baja restricción”. Por su parte, países como Paraguay, Costa Rica y Argentina se encuentran en “restricción”, mientras que Honduras, Perú, Guatemala, Bolivia y El Salvador se clasifican como de “alta restricción”.
Perú experimentó un descenso notable de cuatro posiciones, mientras que Honduras se mantiene como el país con más alta restricción. En contraste, Brasil mostró una mejora, ascendiendo ocho posiciones. La situación en Cuba, Venezuela y Nicaragua sigue siendo crítica, ya que estos países repiten en la franja “sin libertad de expresión”. Venezuela, en particular, cayó 6,23 puntos, evidenciando un deterioro significativo.
El Índice, coordinado por académicos de la Universidad Católica Andrés Bello, incorpora una nueva variable: la desinformación. Este aspecto evalúa cómo los estados enfrentan la propagación de información falsa y su capacidad para satisfacer las necesidades informativas de los ciudadanos.
Detalles de fondo:
El Índice Chapultepec es una herramienta esencial para medir las libertades de prensa y expresión en América, basado en principios consagrados en la Declaración de Chapultepec (1994) y la Declaración de Salta (2018). La evaluación se basa en las percepciones de 168 expertos, entre periodistas, académicos y activistas, lo que proporciona un panorama crítico de la situación actual en la región. En 2024, el promedio global se sitúa en 48,12 sobre 100, siendo el segundo año consecutivo que se encuentra por debajo del rango medio.
La dimensión que más impacta la puntuación es la violencia e impunidad contra periodistas, promediando solo 15,23 puntos sobre un máximo de 40. Este dato indica que muchos países carecen de mecanismos efectivos para proteger a los comunicadores y garantizar su derecho a informar.
Tabla con un resumen de las conclusiones por países, según el Índice Chapultepec 2024:
| País | Clasificación | Puntuación | Observaciones |
|---|---|---|---|
| Chile | Baja restricción | 79,65 | Mejor clasificado en esta edición. |
| República Dominicana | Baja restricción | 77,25 | Descenso en comparación con la edición anterior. |
| Canadá | Baja restricción | 75,78 | Mantiene una posición estable. |
| Estados Unidos | Baja restricción | 68,53 | Sin cambios significativos. |
| Brasil | Baja restricción | 66,55 | Mejora significativa, ascenso de ocho posiciones. |
| Uruguay | Baja restricción | 66,43 | Mantiene una posición estable. |
| Jamaica | Baja restricción | 65,64 | Sin cambios significativos. |
| Panamá | Baja restricción | 61,73 | Sin cambios significativos. |
| Paraguay | En restricción | 56,80 | Mantiene su posición. |
| Costa Rica | En restricción | 55,23 | Descenso de tres posiciones. |
| Argentina | En restricción | 51,18 | Mantiene su posición, pero con preocupaciones. |
| Ecuador | En restricción | 46,03 | Sin cambios significativos. |
| México | En restricción | 43,50 | Sin cambios significativos. |
| Colombia | En restricción | 40,34 | Descenso de cinco posiciones, la mayor caída entre los países. |
| Honduras | Alta restricción | 39,85 | Repite como el país con mayor restricción. |
| Perú | Alta restricción | 36,16 | Descenso de cuatro posiciones, deterioro en la situación. |
| Guatemala | Alta restricción | 33,98 | Sin cambios significativos. |
| Bolivia | Alta restricción | 32,56 | Sin cambios significativos. |
| El Salvador | Alta restricción | 31,53 | Sin cambios significativos. |
| Cuba | Sin libertad de expresión | 16,94 | Mantiene su posición crítica. |
| Venezuela | Sin libertad de expresión | 6,52 | Caída significativa de 6,23 puntos. |
| Nicaragua | Sin libertad de expresión | 6,51 | Mantiene su posición crítica. |
Carlos Jornet, presidente de la Comisión de Libertad de Prensa e Información de la SIP, subrayó: “La situación de las libertades de expresión y de prensa en las Américas es alarmante. El hecho de que ningún país esté clasificado con ‘libertad de expresión’ es una señal clara de que debemos actuar para revertir esta tendencia.”
La edición 2024 del Índice Chapultepec pone de manifiesto la fragilidad de la libertad de expresión en América Latina, alertando sobre la necesidad urgente de que los gobiernos fortalezcan las instituciones que protegen a periodistas y medios de comunicación. El desafío persiste, y la comunidad internacional debe prestar atención a esta creciente crisis.
Información adicional:
Para más detalles, visite SIP y consulte el Índice Chapultepec 2024.
Lea el anexo del caso colombiano al final de la publicación.
A continuación puede leer el documento de CONCLUSIONES o descargar el PDF.
El Índice Chapultepec de Libertad de Expresión y Prensa representa una valiosa herramienta de medición sobre la acción institucional en materia de Libertad de Expresión y Prensa en países del continente americano, de acuerdo con los principios de la Declaración de Chapultepec y la Declaración de Salta, adoptadas por la Sociedad Interamericana de Prensa en 1994 y 2018 respectivamente.
Anexo: Caso Colombiano en el Índice Chapultepec 2024
Resumen Ejecutivo
Durante el periodo comprendido entre el 2 de agosto de 2023 y el 1 de agosto de 2024, Colombia ha enfrentado un clima de violencia creciente contra periodistas y comunicadores, que se ha traducido en el cierre de medios, homicidios y amenazas. Esta situación ha llevado a una caída significativa en el Índice Chapultepec, con una puntuación de 40,34, que ubica al país en el decimocuarto puesto del barómetro, descendiendo del noveno lugar.
Introducción
El panorama para la libertad de prensa en Colombia ha sido sombrío, marcado por un aumento en las amenazas y la violencia contra periodistas, particularmente en regiones afectadas por conflictos armados y grupos ilegales. La existencia de leyes que penalizan la injuria y la calumnia se han convertido en herramientas para silenciar voces críticas y judicializar a los comunicadores.
Además, la proliferación de desinformación y noticias falsas en plataformas digitales, facilitadas por “bodegas” de desinformación y campañas de desprestigio, han erosionado la credibilidad de los medios, afectando el derecho de los ciudadanos a acceder a información libre y veraz.
La situación se complica aún más por la influencia de grupos armados ilegales como el ELN y disidencias de las FARC, así como el narcotráfico y la corrupción política, que representan amenazas directas para quienes intentan informar sobre estos temas. Los periodistas que abordan estas problemáticas son frecuentemente blanco de ataques y hostigamientos.
Condiciones Institucionales
El actual gobierno ha manifestado su intención de destinar recursos por $15 mil millones de pesos colombianos a “Medios Alternativos, Comunitarios y Digitales”. Sin embargo, esta distribución de la pauta publicitaria es considerada inequitativa y se percibe como un mecanismo de presión sobre los medios y periodistas críticos. Estas prácticas limitan la independencia editorial y afectan gravemente el ejercicio del periodismo en el país.
Estos factores institucionales contribuyen a crear un entorno cada vez más hostil para la labor periodística, reflejándose en los resultados del Índice Chapultepec, que evidencian una disminución de la libertad de expresión y prensa en Colombia.
Análisis de los Resultados
Los resultados del Índice Chapultepec subrayan una preocupación creciente respecto al estado de la libertad de expresión en Colombia. La caída en la puntuación no solo indica un deterioro en las condiciones para el ejercicio del periodismo, sino que también pone en riesgo el acceso a información de calidad para la ciudadanía. La combinación de violencia, desinformación y presión institucional crea un panorama adverso que amenaza la democracia y los derechos fundamentales en el país.
Análisis de Resultados: Entorno Ejecutivo
El análisis de esta medición del Índice Chapultepec revela un fenómeno preocupante en el entorno ejecutivo de Colombia. Por primera vez, se observa una influencia significativa del Poder Ejecutivo en situaciones desfavorables para la libertad de expresión, particularmente en la dimensión de Ciudadanía Informada y Libre de Expresarse. El presidente ha adoptado un estilo de comunicación que se caracteriza por el uso de descalificativos hacia medios, comunicadores y periodistas, utilizando términos como “Muñecas de la mafia”, “neonazis” y “prensa Mossad”. Este tipo de ataques no solo deslegitiman el trabajo periodístico, sino que también crean un ambiente hostil para el ejercicio de la libertad de expresión.
Durante una audiencia pública en Arauca, el presidente defendió su reforma a la salud y manifestó su preocupación por lo que considera un “estado de opinión” que influye en la tramitación de proyectos de ley, desviando así la atención de la función constitucional del Congreso. Este tipo de comentarios pone en evidencia la tensión entre el Poder Ejecutivo y los medios de comunicación, que a menudo son vistos como adversarios en lugar de aliados en el fortalecimiento de la democracia.
Asimismo, en un evento de posesión de la nueva defensora del pueblo, el mandatario atacó a mujeres periodistas, acusándolas de haber construido una narrativa que criminaliza la protesta social. Estos ataques no son aislados; reflejan un patrón de descalificaciones que el presidente y sus colaboradores perpetúan, lo que contribuye al clima de hostigamiento y violencia hacia la prensa. La respuesta a las críticas de la periodista María Jimena Dussan es otro ejemplo claro de este tipo de agresiones, donde se mezcla el respeto a la trayectoria profesional con ataques personales que deslegitiman su trabajo.
El ataque al Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP), que criticó los señalamientos del presidente hacia los medios, subraya la naturaleza de la relación entre el gobierno y la prensa. Este comportamiento sistemático y hostil hacia los medios de comunicación es un factor que claramente influye en el puntaje bajo que Colombia obtuvo en esta medición del Índice Chapultepec.
En la dimensión de Control de Medios y Periodismo, se observa que, aunque la influencia del Poder Ejecutivo es leve, las preocupaciones persisten. La propuesta de cerrar un medio de comunicación tradicional por parte de un seguidor del presidente destaca el potencial de retrocesos en la libertad de prensa, así como la idea de que la “excesiva democracia” es vista como una amenaza para el gobierno.
Históricamente, el Estado colombiano ha tenido una relación tensa con los medios. A pesar de que la libertad de prensa está consagrada en la Constitución, en la práctica, los periodistas y los medios enfrentan constantes presiones políticas tanto a nivel local como nacional. Estas presiones se manifiestan en el control sobre la publicidad estatal, bloqueos informativos y persecuciones judiciales que buscan silenciar las voces críticas.
En la dimensión de Violencia e Impunidad contra Periodistas y Medios, la influencia del Poder Ejecutivo es moderada, caracterizada por agresiones verbales y un ambiente hostil fomentado desde la cúspide del gobierno. Esta actitud es replicada por funcionarios en niveles regionales, donde alcaldes en ciudades como Cali y Medellín han utilizado calificativos despectivos contra los medios locales, afectando su labor de fiscalización y alimentando un clima de polarización que obstaculiza el derecho a la libertad de expresión.
Análisis de Resultados: Entorno Legislativo
El análisis de la influencia del Poder Legislativo en el contexto del Índice Chapultepec destaca el papel crucial que ha desempeñado en la defensa de la democracia en Colombia durante el último año. Sin embargo, la evaluación muestra un grado de influencia que varía de leve a moderado en situaciones desfavorables a la libertad de expresión.
Ciudadanía Informada y Libre de Expresarse
En la dimensión de Ciudadanía Informada y Libre de Expresarse, el Poder Legislativo obtuvo un puntaje de 1,95, indicando una influencia leve. Este resultado refleja un respeto considerable por la libertad de expresión y de prensa, permitiendo que medios, comunicadores y opinadores accedan a información relevante sobre proyectos de ley y a las discusiones en las comisiones de la Cámara y el Senado. La transparencia en el acceso a audiencias y plenarias, especialmente en proyectos críticos como la reforma de la salud, la reforma pensional, la ley de tierras y la jurisdicción agraria, es fundamental para fortalecer tanto la economía como la democracia del país.
Violencia e Impunidad
En la dimensión de Violencia e Impunidad, el Poder Legislativo marcó un grado de influencia leve, con un puntaje de 1,62. A pesar de que la violencia y la impunidad contra periodistas han sido temas de preocupación constante, tanto a nivel nacional como internacional, el Legislativo enfrenta el reto de fortalecer las leyes que protegen la actividad periodística. Proyectos de ley destinados al Fortalecimiento de la Unidad Nacional de Protección (UNP) y a la Protección a Periodistas en Zonas de Conflicto aún no han logrado su aprobación, lo que evidencia la necesidad de una acción más decidida en este ámbito. Además, es crucial avanzar hacia la despenalización de los delitos de injuria y calumnia, que todavía se encuentran en el Código Penal, dado que Colombia es uno de los pocos países que castigan con prisión el ejercicio periodístico.
Control de Medios y Periodismo
En cuanto a la dimensión de Control de Medios y Periodismo, el Poder Legislativo también mostró una influencia leve con un puntaje de 1,43. Durante este período, no se han promulgado leyes que restrinjan el ejercicio de la libertad de prensa, lo cual es un indicativo positivo. Sin embargo, es esencial que el Legislativo continúe trabajando para asegurar un entorno que favorezca la libertad de prensa y proteja a los periodistas de presiones y amenazas.
Análisis de Resultados: Entorno Judicial
En esta medición del Índice Chapultepec, el entorno judicial en Colombia muestra una mejoría notable respecto a evaluaciones anteriores, con una influencia leve de 2,22 en situaciones desfavorables a la libertad de expresión. En mediciones previas, la tendencia era de influencia moderada.
Ciudadanía Informada y Libre de Expresarse
En la dimensión de Ciudadanía Informada y Libre de Expresarse, el entorno judicial obtuvo un puntaje de 3,40, representando la única influencia moderada en situaciones desfavorables. Esto sugiere que, a pesar de los desafíos, Colombia mantiene un espacio donde la ciudadanía puede informarse y expresarse libremente, sin interferencias evidentes por parte de los jueces. El papel de los jueces es crucial para equilibrar la libertad de expresión con otros derechos, como el derecho al buen nombre, la intimidad y la dignidad humana. Aunque ha habido desmanes durante las marchas y protestas sociales, las decisiones judiciales no han impedido que los ciudadanos ejerzan su derecho a expresarse ni han limitado el acceso a la información.
Violencia e Impunidad
En la dimensión de Violencia e Impunidad contra Periodistas y Medios, el Poder Judicial logró un puntaje de 2,33, mostrando una influencia leve en incidentes adversos a la libertad de prensa y expresión. Sin embargo, se han registrado decisiones judiciales en contra de medios y periodistas, como en el caso de la Casa Editorial El Tiempo y el diario El Colombiano, así como figuras públicas como el exalcalde Daniel Quintero y el presidente Gustavo Petro. Estas situaciones generan interrogantes sobre la libertad de expresión en Colombia. Un caso alarmante es la sentencia contra Daniel Quintero, donde se observa un evidente menoscabo del ejercicio de la libertad de prensa. La falta de consecuencias para los funcionarios públicos que hacen señalamientos injuriosos y calumniosos contra quienes critican su gestión envía un mensaje preocupante a los medios, que podrían verse tentados a autocensurarse para evitar represalias.
La impunidad persiste en relación con crímenes contra periodistas y comunicadores, y muchos casos de homicidio de años anteriores continúan sin resolución. En las regiones más apartadas del país, los jueces a menudo evitan pronunciamientos que puedan parecer partidistas, lo que pone en riesgo su vida e integridad personal.
Control de Medios y Periodismo
En la dimensión de Control de Medios y Periodismo, el Poder Judicial obtuvo un puntaje de 0,93, indicando una influencia leve en situaciones desfavorables a la libertad de expresión. Actualmente, Colombia no presenta leyes ni decisiones judiciales que interfieran en la administración y propiedad de los medios de comunicación. No ha habido cancelaciones de licencias ni rescisión de contratos judiciales que limiten la labor de los medios o impidan la creación de nuevos contenidos a través de plataformas emergentes.
Análisis de Resultados: Dimensión Ciudadanía Informada y Libre de Expresarse
En la dimensión de Ciudadanía Informada y Libre de Expresarse, Colombia obtuvo un puntaje de 9,80 sobre un total de 30 puntos posibles, lo que evidencia un deterioro en las subdimensiones analizadas en este informe.
Acceso a la Información Pública
A pesar de que el flujo de información pública está regulado por la ley de transparencia y acceso a la información, el derecho de todos los ciudadanos a acceder a información pública no se materializa en la práctica. Muchas entidades y funcionarios se niegan a proporcionar información de interés general a medios y comunicadores, justificándose en razones como la reserva, la defensa nacional o la seguridad privada. Aunque existen portales como el Sisben, Secop II y la página de la Contraloría General de la República para facilitar el acceso a la información, la calidad de la información disponible es insuficiente, difícil de encontrar o simplemente no está accesible para quienes la necesitan. Esto obliga a los periodistas a presentar solicitudes formales o incluso interponer acciones de tutela para obtener información pública que debería ser de fácil acceso, como las rendiciones de cuentas de los funcionarios.
Libre Expresión
En cuanto a la subdimensión de libre expresión, el puntaje fue de 3,40 sobre 9 puntos posibles. La Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) ha expresado su preocupación por los comentarios y acciones del presidente de la República y sus seguidores en redes sociales, que podrían crear un ambiente hostil para el ejercicio periodístico. Muchos actores políticos utilizan las redes sociales y discursos públicos para atacar a quienes expresan opiniones diferentes. El presidente Gustavo Petro, en particular, usa su cuenta de X (anteriormente Twitter) para expresar sus opiniones y responder a críticas, lo que a menudo genera un ambiente polarizado.
Actuación del Estado contra la Desinformación
En la subdimensión de actuación del Estado contra la desinformación, se otorgó un puntaje de 3,20 sobre 10 puntos posibles. La desinformación ha crecido considerablemente, afectando tanto el ámbito político como el social. La proliferación de redes sociales y plataformas digitales ha permitido la difusión de noticias falsas, lo que impacta negativamente en la opinión pública y en procesos democráticos. Un estudio de Colombiacheck en 2023 destacó que, durante las elecciones regionales de octubre, se difundieron fotos y videos reales pero fuera de contexto, así como montajes y encuestas engañosas. Un caso alarmante fue un audio falso atribuido a la presentadora de Noticias Uno, Mónica Rodríguez, sobre un paro armado de un grupo disidente de las FARC que buscaba intimidar a la población civil.
Aunque el gobierno ha manifestado su intención de combatir la desinformación mediante campañas de educación y estrategias para mejorar la alfabetización mediática, aún no se ha implementado legislación específica para regular la desinformación. Este vacío legislativo se debe, en parte, al temor de que cualquier regulación pueda ser utilizada por el gobierno actual para ejercer censura sobre medios y periodistas.
Análisis de Resultados: Dimensión Violencia e Impunidad contra Periodistas y Medios
En la dimensión de Violencia e Impunidad contra Periodistas y Medios, Colombia obtuvo un puntaje de 9,34 sobre un total de 40 puntos posibles, lo que indica una alta restricción en la libertad de expresión y un entorno muy peligroso para los periodistas.
Protección a Medios y Periodistas
La subdimensión de protección a medios y periodistas tuvo un puntaje alarmante de 0,90 sobre 5 puntos posibles, evidenciando la desprotección extrema que enfrentan los comunicadores en el país. Un estudio de la Defensoría del Pueblo indica que el 47,7% de las vulneraciones de derechos reportadas por periodistas tienen como responsables a estructuras armadas ilegales, crimen organizado y delincuencia común. Adicionalmente:
- 21,2% de los periodistas reportaron ataques por parte de líderes políticos.
- 13,2% fueron atacados por miembros de las fuerzas militares.
- 12% sufrieron agresiones de funcionarios públicos.
Entre los encuestados, el 36% reportó amenazas a su vida e integridad, el 37% amenazas a su derecho a informar y expresarse, el 17% a su integridad moral y buen nombre, y el 10% a sus derechos económicos y contractuales.
Peligros para el Ejercicio del Periodismo
Reporteros Sin Fronteras clasificó a Colombia en la posición 119 en su escalafón de países peligrosos para ejercer el periodismo, consolidando su reputación como uno de los países más peligrosos del mundo para los comunicadores. Los temas que representan mayor riesgo incluyen:
- Medio ambiente
- Conflictos armados
- Corrupción
- Convivencia entre políticos, empresas, grupos armados ilegales y mafias
La persecución de periodistas ha sido una constante preocupación en Colombia. Amenazas, intimidaciones y ataques se multiplican, especialmente hacia aquellos que investigan temas delicados como corrupción, narcotráfico y violaciones a los derechos humanos.
Impunidad
Un grave problema en Colombia es la falta de investigación eficaz y oportuna por parte de las autoridades, reflejado en una puntuación de 1,30 sobre 8 puntos posibles en el Índice para la variable de impunidad. Según la Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP):
- Un alto porcentaje de crímenes contra periodistas no llega a juicio o se estanca en etapas iniciales del proceso judicial, incluyendo asesinatos, ataques físicos, amenazas y hostigamiento.
- El 78% de las agresiones reportadas entre 1977 y 2022 quedaron impunes.
La impunidad no solo impacta a las víctimas directas, sino que también genera un clima de autocensura entre los periodistas y comunicadores. Muchos prefieren evitar cubrir temas sensibles como narcotráfico, corrupción o conflictos territoriales para no poner en riesgo su vida y la de sus familias.
Análisis de Resultados: Dimensión Control de Medios y Periodistas
En la dimensión de Control de Medios y Periodistas, Colombia obtuvo una puntuación de 21,20 sobre un total de 30 puntos posibles, lo que refleja un entorno donde diversos mecanismos buscan influir o limitar el trabajo de los comunicadores, afectando así la libertad de prensa y el acceso a la información.
Control Directo a los Medios
La medición del control directo a los medios alcanzó un puntaje de 11,60 sobre 14 puntos posibles. Una de las preocupaciones más relevantes es la reciente aprobación de la Ley de Violencia Política contra las Mujeres, que, según la Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP), contiene definiciones amplias que podrían llevar a la censura o a restricciones en la crítica hacia figuras y funcionarias públicas. Esta ley estipula que cualquier acción, conducta u omisión que cause daño o sufrimiento a mujeres en el ámbito político podría ser motivo de sanción, lo que limita la capacidad de los medios para hacer pronunciamientos sobre el desempeño de mujeres en cargos públicos.
Control Indirecto
El control indirecto tuvo un puntaje de 4,80 sobre 6 puntos posibles, evidenciando prácticas más sutiles que afectan la libertad de prensa y la libertad editorial. Estos mecanismos, que son a menudo estructurales o económicos, generan un ambiente de presión y autocensura. Algunas de las prácticas reportadas incluyen:
- Adjudicación o eliminación de pautas publicitarias: Alcaldes, gobernadores y entidades gubernamentales pueden influir en la viabilidad económica de medios y periodistas a través de la asignación de publicidad estatal, lo que puede llevar a un sesgo en la cobertura informativa.
- Estigmatización y amenazas por parte de autoridades locales: En regiones como Rionegro (Antioquia), los gobernantes locales han amenazado a periodistas con acciones legales por publicar lo que consideran noticias falsas.
- Desacreditación de investigaciones periodísticas: Ejemplos incluyen al alcalde de Cali, quien calificó una investigación del diario El País como falsa y difamatoria, y la alcaldesa de Santa Marta, que amenazó a un medio digital con acciones judiciales por “desinformación”.
Ejemplos de Control sobre el Ejercicio del Periodismo
La presión sobre los medios se ha visto reflejada en declaraciones y acciones por parte de figuras políticas del gobierno. Por ejemplo, la representante a la cámara María Fernanda Carrascal acusó a los medios de promover el odio y distorsionar hechos. También se ha mencionado la intención de algunos políticos de cerrar medios que critican las políticas del gobierno, lo que representa un claro intento de control sobre el periodismo.
Conclusiones sobre la Libertad de Expresión y Prensa en Colombia
El período de estudio que abarca desde el 2 de agosto de 2023 hasta el 1 de agosto de 2024 ha estado marcado por enormes desafíos para el ejercicio de la libertad de expresión y prensa en Colombia. Durante este tiempo, se ha intensificado un clima de intolerancia que se suma a las agresiones ya existentes contra medios de comunicación y periodistas. El discurso del presidente de la República ha estado caracterizado por señalamientos descalificativos hacia comunicadores, especialmente mujeres, así como hacia los medios y opositores. Estos comentarios, realizados a través de discursos y publicaciones en redes sociales, han contribuido a un entorno poco propicio para el ejercicio pacífico y respetuoso de la libertad de expresión.
La impunidad en Colombia, no solo en los casos de asesinatos, sino también en amenazas y agresiones a periodistas, sigue siendo una deuda pendiente con la justicia. Los procesos judiciales, las acciones de tutela y los fallos condenatorios son frecuentes, lo que ha llevado a la autocensura, el silencio y el cierre de medios en el país. Esta situación se ve agravada por la violación de la ley de acceso a la información pública, que limita la capacidad de los periodistas para fiscalizar el uso transparente de recursos públicos y denunciar prácticas corruptas en las entidades del Estado a nivel nacional y regional.
Por último, es fundamental que el Estado colombiano desarrolle una política que garantice la existencia de medios de comunicación como contrapeso esencial de la democracia. Se debe fomentar la presencia activa de periodistas y comunicadores, promoviendo un ambiente de discusión constructivo y un ejercicio pluralista de los derechos a la expresión y a la información.
