La sentencia se dicta tras la instrumentalización sexual de 54 menores en la isla Barú durante una fiesta en 2014. Los condenados enfrentarán medidas severas tras la recuperación de los niños por parte de las autoridades.
Un juez penal de conocimiento ha emitido un fallo condenatorio contra cinco individuos implicados en una red de explotación sexual infantil en Cartagena (Bolívar). Los condenados, Kelly Johana Suárez Moya, Samuel David Olave Martínez, Eduardo Ortega Issa, Horacio Revolledo Pacheco y Juan Manuel Oquendo Sierra, alias Fuego, han sido declarados responsables del delito de proxenetismo con menor de 14 años, según la Fiscalía General de la Nación.
Cartagena, 2 de septiembre de 2024. La investigación, llevada a cabo por una fiscal de la Seccional Bolívar, reveló que estos cinco individuos organizaban y facilitaban que menores de edad participaran en actividades sexuales con turistas y extranjeros durante una fiesta realizada el 11 de octubre de 2014 en la isla de Barú. Durante el operativo de rescate efectuado por el CTI de la Fiscalía y otras autoridades en el evento, se logró la recuperación de 54 niños, niñas y adolescentes, a quienes se les restituyeron sus derechos.
El juez del caso ha dictado la sentencia condenatoria y ha ordenado la captura de los involucrados. Se espera que en los próximos días se dé a conocer la duración de las penas y las condiciones de cumplimiento. Esta sentencia representa un avance significativo en la lucha contra la explotación sexual infantil en la región.
Detalles de fondo: La red desarticulada operaba bajo un esquema de explotación que involucraba la utilización de menores para satisfacer demandas sexuales de turistas en eventos exclusivos. La investigación puso de manifiesto la gravedad del caso, destacando el impacto devastador en las víctimas y la necesidad de una respuesta judicial contundente.
La fiscal a cargo de la investigación expresó: “Este fallo es un paso importante para garantizar justicia para los menores afectados y un mensaje claro de que tales crímenes no quedarán impunes”.
La condena de estos cinco individuos subraya el compromiso de las autoridades con la protección de los derechos de los menores y la erradicación de redes de explotación sexual. Se espera que esta decisión sirva como un deterrente para futuros delitos similares y que continúe el trabajo de recuperación y apoyo a las víctimas.
Información adicional:
La Fiscalía General de la Nación ha enfatizado la importancia de la cooperación entre diferentes entidades para la identificación y desarticulación de redes de explotación. Además, han instado a la ciudadanía a reportar cualquier sospecha de abuso o explotación sexual infantil.
Un “deterrente” es algo que disuade o impide a alguien de realizar una acción, especialmente si esa acción es considerada negativa o perjudicial. En el contexto de la justicia y la ley, un deterrente es una medida o castigo diseñado para evitar que las personas cometan delitos, al demostrar que las consecuencias de hacerlo serán graves o desagradables.
Por ejemplo, una condena severa por un delito puede actuar como un deterrente, ya que la amenaza de una pena severa puede hacer que las personas piensen dos veces antes de cometer el mismo delito. En resumen, un deterrente busca reducir la incidencia de comportamientos no deseados al aumentar el riesgo de sanciones o consecuencias negativas.
SENTIDO DE FALLO CONDENATORIO CONTRA INTEGRANTES DE UNA RED DEDICADA A LA EXPLOTACIÓN SEXUAL DE MENORES DE EDAD EN CARTAGENA
Se les atribuye la instrumentalización con fines sexuales de 54 niños, niñas y adolescentes en la isla Barú.
Cartagena (Bolívar), 02 de septiembre de 2024.
Ante las pruebas y los argumentos expuestos por la Fiscalía General de la Nación, un juez penal de conocimiento emitió sentido de fallo condenatorio contra cinco integrantes de una red delictiva dedicada a la explotación sexual de menores de edad en Cartagena (Bolívar), y los declaró responsables del delito de proxenetismo con menor de 14 años.
Los afectados con la decisión son: Kelly Johana Suárez Moya, Samuel David Olave Martínez, Eduardo Ortega Issa, Horacio Revolledo Pacheco y Juan Manuel Oquendo Sierra, alias Fuego.
De acuerdo con la investigación, liderada por una fiscal de la Seccional Bolívar, estas personas ubicaron a menores de edad para que ejercieran actividades de tipo sexual con turistas y extranjeros, durante una fiesta que se celebró el 11 de octubre de 2014, en la isla de Barú.
Ese día, en un operativo realizado por el CTI de la Fiscalía y otras autoridades, fueron recuperados y se les restablecieron los derechos a 54 niños, niñas y adolescentes, que habían sido contactados por la estructura ilegal.
El juez del caso ordenó la captura de los involucrados, y en los próximos días dará a conocer la condena y las condiciones en las que deberá cumplirse.
