Por primera vez en el Plan de Desarrollo de Caldas se plasmó un capítulo independiente de paz, le cual está alineado con el Plan de Desarrollo Nacional y los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Ese tiene como fin que se puedan apalancar recursos de nivel central y de cooperación internacional para su ejecución.
Y es que, según la Comisión de la Verdad, Caldas tiene 134.628 víctimas del conflicto armado, lo que representa aproximadamente el 13% de la población total del departamento. Dentro de este grupo, el 39% aún enfrenta situaciones de vulnerabilidad, lo que significa que 45 de cada 100 víctimas experimentan dificultades en el acceso a derechos fundamentales como vivienda, generación de ingresos, alimentación y atención psicosocial.
En Caldas se identifican diversos factores que afectan a las comunidades y contribuyen al panorama de las víctimas en la región. Por un lado, 6 resguardos indígenas y 1 consejo comunitario de la zona enfrentan amenazas y riesgos, especialmente debido a la presencia de actividades ilegales como la minería ilegal de oro, que impacta negativamente en las áreas protegidas y en el territorio ancestral.
Es así como este componente del Plan de Desarrollo representa un paso hacia la reparación y el reconocimiento de los derechos de las comunidades indígenas, alineándose con los esfuerzos de posconflicto y fortaleciendo el compromiso del departamento con la justicia y la paz.
Lady Marcela Ramírez Hoyos, consejera de Derechos Humanos y Paz del Consejo Regional Indígena de Caldas (Cridec) resaltó la inclusión de un capítulo dedicado a la Paz en el Plan de Desarrollo de Caldas, específicamente dirigido a las comunidades indígenas.
Ramírez Hoyos destacó que los componentes más significativos para estas comunidades incluyen la aplicación de la Justicia Especial para la Paz, la búsqueda de personas desaparecidas, la reparación colectiva y la restitución de tierras.
Es de resaltar que según la Ordenanza 974 de mayo de 2023, el departamento no presenta resultados críticos en el componente reparación, sin embargo, los municipios de Riosucio, Pensilvania, Samaná, Supía, La Dorada, entre otros, presentan un nivel de intervención medio, explicado particularmente por la acreditación como víctimas étnicas por parte de la JEP, la titulación de terrenos baldíos a población víctima y pertenecientes a comunidades indígenas.
«Nosotros venimos apostando a estos procesos en el marco del posconflicto. En el municipio de Riosucio llevamos varios temas de búsqueda y de restitución. Esperamos que este capítulo se pueda materializar y estamos prestos a trabajar con la Gobernación para la implementación de este Capítulo de Paz», afirmó la consejera de Derechos Humanos.
