MEDIDA DE ASEGURAMIENTO CONTRA UN CORONEL DEL EJÉRCITO NACIONAL Y 23 MILITARES MÁS POR EL HOMICIDIO DE 11 PERSONAS EN EL CASERÍO ALTO REMANSO (PUTUMAYO)
Medida de aseguramiento en centro de reclusión para el teniente coronel Néstor Andrés Cadena Bautista y 23 militares más por ser presuntos responsables del delito de homicidio agravado en persona protegida. Los uniformados están vinculados a la investigación por la muerte de once personas ocurrida en el caserio Alto Remanso (Putumayo) en marzo de 2022.
Los militares habrían ocasionado la muerte de ocho civiles y tres presuntos disidentes armados, al disparar contra integrantes del grupo armado Comandos Defensores de Frontera de las disidencias de las Farc que se encontraban entre la población civil.
Bogotá, D.C., 05 de agosto de 2024.
Ante solicitud de la Fiscalía General de la Nación, una juez promiscuo municipal con función de control de garantías dictó medida de aseguramiento privativa de la libertad contra tres oficiales, cuatro suboficiales y 17 soldados del Ejército Nacional, como presuntos responsables del homicidio de once personas en el caserío Alto Remanso de Puerto Leguízamo (Putumayo) en marzo de 2022.
La medida, proferida por los delitos de homicidio en persona protegida consumado y tentado, cobija al teniente coronel Néstor Andrés Cadena Bautista, al capitán Jorge Erney Marroquín Cadena, al teniente Julián Ernesto Ávila Martínez, a los sargentos Cristian Gabriel Pérez Galindo y Maicol Andrés Quiñones Mendoza, a los cabos Wilber Leonardo Rodríguez y Wilson Andrés Santamaría Ramos, y a 17 soldados profesionales.
Los 24 uniformados responden en esta investigación penal por hechos ocurridos el 28 de marzo de 2022 durante la operación militar Mahlon Nro 5, en desarrollo de la cual, al parecer, dispararon de manera indiscriminada durante dos horas y media causando la muerte de once personas. Entre las víctimas registradas se encuentran un gobernador indígena, un líder comunitario y un menor de edad, además de cuatro personas heridas, una de ellas una menor embarazada que dormía en su vivienda.
“Estás once personas murieron como consecuencia directa de la acción de disparos de las tropas especiales del Ejército Nacional, ocho de ellas eran civiles; esto es, no eran combatientes (…) debido a que como población civil no se encontraban participando directamente en las hostilidades”, afirmó en audiencia el fiscal de la Dirección Especializada contra las Violaciones a los Derechos Humanos encargado del caso.
Según la investigación, a las 7:13 de la mañana del 28 de marzo, último día del bazar comunitario en el que participaron alrededor de 300 personas de veredas cercanas al caserío, un tirador de alta precisión inició el ataque contra hombres armados presentes en el Alto Remanso que estaban en medio de la población civil. A partir de ese momento empezó el desarrollo de la operación militar presuntamente indiscriminada y desproporcionada que culminó, dos horas y media después, con la muerte de once personas y cinco heridas.
De acuerdo con el relato del fiscal a cargo, al terminar la intervención armada, la tropa habría ingresado al caserío usando sudaderas de color verde oscuro, camisetas negras y pañoletas negras, e identificado como un grupo armado ilegal, reunido a la población civil en la cancha múltiple por varias horas, mientras presuntamente movían los cuerpos de las víctimas y alteraban la escena del crimen.
Labores de policía judicial a cargo de peritos del Centro de Valoración Probatorio (Cevap) de la Fiscalía lograron la reconstrucción en 3D de la escena del crimen, la trayectoria de los disparos y el recaudo de material fotográfico, elementos que darían cuenta de un operativo militar desproporcionado y que no tuvo en cuenta la presencia de población civil en la zona al momento de los disparos.
Los uniformados deberán permanecer en el centro de reclusión militar del Batallón de Ingenieros No 13 de Bogotá mientras avanza la investigación en su contra.
