La antigua Concentración Escolar Juan XXIII, considerada la construcción en bahareque más grande de América Latina, está en proceso de restauración, en cumplimiento de una sentencia de 2011 generada por una acción popular. Hasta ahora se han invertido $21.641.190.840, pero el edificio aún no es funcional y se requieren aproximadamente $45.000 millones adicionales para su terminación, recursos que no están garantizados. La segunda fase prevista para 2025-2026, tampoco aseguraría la funcionalidad del edificio.
La Corporación Cívica de Caldas (CCC) advierte que la falta de cierre financiero para la restauración de la Concentración Juan XXIII pone en riesgo la inversión realizada. Además, cuestiona la planificación de la obra, ya que se priorizó la construcción de una nueva edificación para parqueaderos antes de terminar la restauración del edificio principal.
En una mesa de seguimiento al proyecto, la CCC ya advirtió a la Alcaldía de Manizales que los retrasos en la contratación de las obras adicionales exponen la estructura a un deterioro continuo, lo que podría resultar en un detrimento patrimonial. También enfatizó en la importancia de una correcta custodia del edificio, que incluya vigilancia y mantenimientos preventivos para reducir su deterioro.
La CCC insta al municipio y al Ministerio de Cultura a cumplir con la sentencia y a proteger la edificación para no perder los recursos ya invertidos.
Sentencia de la acción popular
El inmueble denominado Concentración Juan XXIII es un Bien de Interés Cultural de Carácter Nacional (BICN) desde la Resolución número 13 del 11 de enero de 2005, emitida por el Ministerio de Cultura. Este edificio, construido en bahareque y propiedad del municipio de Manizales, comenzó a edificarse en 1912 y en 1914 empezó a funcionar como plantel educativo.
Entre 1915 y 1962, albergó el Instituto Universitario de Caldas. En 1963, el inmueble pasó a alojar la Concentración Fundadores, que posteriormente cambió su nombre a Concentración Juan XXIII. En 2011, el colegio cerró sus puertas bajo el nombre de Colegio Alfonso López Pumarejo.
El 15 de julio de 2011, una sentencia del Juzgado Tercero Administrativo del Circuito de Manizales, en respuesta a una acción popular presentada por el señor Enrique Arbeláez Mutis contra el Ministerio de Cultura y el Municipio de Manizales, ordenó a estas entidades realizar las apropiaciones presupuestales necesarias para la restauración del inmueble. La acción popular se fundamentó en la vulneración de los derechos a la moralidad administrativa, la defensa del patrimonio público, la protección del patrimonio cultural de la Nación y el derecho a la seguridad y prevención de desastres previsibles técnicamente, debido a los riesgos que enfrentaban los alumnos hasta 2011 por el avanzado deterioro del edificio.
El juez falló a favor del demandante, ordenando que en un plazo de 24 meses se realizaran las obras necesarias para la restauración del inmueble. Junto con la orden de restauración, se dispuso la elaboración de un Plan Especial de Manejo y Protección (PEMP), que debía incorporarse en el Plan de Ordenamiento Territorial (POT).
La consultoría del PEMP, realizada entre 2013 y 2014, identificó riesgos debido a la técnica constructiva, la falta de mantenimiento, la ausencia de un plan de protección del patrimonio y el deterioro del edificio por falta de uso. En 2017, la recuperación de la antigua escuela Concentración Juan XXIII fue incluida en los programas de ejecución del POT.
Así mismo, con la sentencia el edificio dejaría de tener un uso educativo y pasaría a convertirse en un centro cultural. El cambio de uso del suelo de educativo a cultural incluyó la construcción de un edificio nuevo contiguo con parqueaderos y una plazoleta.
Contratos celebrados entorno a la edificación:
En 2015, se celebró un contrato con el Consorcio Arquitectura Restauradora por $1.000.763.769 para realizar los estudios y diseños de la restauración, cuyos resultados se presentaron en 2016. Estos estudios estimaron un costo aproximado del proyecto en $19.842 millones. Además, el Municipio de Manizales firmó dos contratos para elaborar estudios detallados sobre la zona de influencia de la edificación y las condiciones de amenaza y riesgo del predio.
Ese mismo año, el Municipio de Manizales y el Ministerio de Cultura acordaron un convenio interadministrativo para la restauración, recuperación y rehabilitación de la antigua escuela Concentración Juan XXIII. En 2019, se firmó un nuevo convenio marco interadministrativo para aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros en la ejecución de las obras.
El 6 de octubre de 2021, la Curaduría Urbana Número 2 de Manizales concedió una licencia de construcción bajo la modalidad de reforzamiento estructural, ampliación y restauración.
Basado en los estudios y diseños de 2016, en 2021 se firmó un contrato para la primera etapa del proyecto de restauración de la antigua escuela Concentración Juan XXIII. El contrato, firmado con el Consorcio 2021 por $11.798.495.508, tenía un plazo inicial del 28 de diciembre de 2021 al 27 de junio de 2023, y fue prorrogado por 11 meses hasta mayo de 2024. Además, se adicionaron $6.740.936.266 para cubrir obras no contempladas inicialmente, elevando el valor total a $18.539.431.774.
El Consorcio Interventores Juan XXIII fue el interventor de la fase 1 del proyecto, con un contrato inicial de $1.867.824.000, prorrogado hasta el 31 de mayo de 2024 y con una adición de $1.233.935.066, totalizando $3.101.759.066. A pesar de las obras, el edificio no es funcional, ya que solo se realizaron intervenciones estructurales sin los acabados necesarios para su uso como centro cultural. Se estima que para su terminación se necesitan aproximadamente $45.000 millones.
Para la CCC, la planificación constructiva priorizó de manera cuestionable en la fase 1 la construcción de una nueva edificación para parqueaderos sin terminar la restauración del edificio principal. Esta decisión es controversial porque, dada la limitación de recursos, estos podrían haberse destinado a la restauración del edificio principal en bahareque, facilitando su pronta funcionalidad.
Lo que falta para su restauración
Para las obras en 2025 y 2026, el municipio planea destinar un presupuesto de aproximadamente $5.000 millones, mientras que el Ministerio de Cultura garantizaría unos $10.000 millones mediante vigencias futuras. Estos fondos suman alrededor de $15.000 millones para la segunda etapa de la obra. Sin embargo, estos recursos representan aproximadamente el 33% del total requerido para la finalización del proyecto, por lo que no se completaría en 2 fases sino que se requerirían de al menos 3, dependiendo de la disponibilidad presupuestal del Ministerio de Cultura y la Alcaldía de Manizales.
Incluso con los recursos destinados a la segunda fase (a desarrollar entre 2025 y 2026), el edificio no sería funcional. La Alcaldía estima que se necesitarían unos $27.000 millones adicionales para poner al menos una parte del edificio en funcionamiento.
La dificultad para lograr un cierre financiero genera preocupación, ya que la obra actualmente depende de la disponibilidad de recursos de las entidades, lo cual no garantiza un plazo definitivo para su entrega. Además, los recursos invertidos hasta ahora no pueden ser aprovechados en los espacios culturales, y el edificio corre el riesgo de deteriorarse sin las medidas adecuadas.
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