La Sala Especial de Seguimiento a la Sentencia T-302 de 2017 evaluó los avances en la garantía de derechos fundamentales para la niñez Wayuu, pero encontró que aún persisten prácticas inconstitucionales y bloqueos administrativos que dificultan el cumplimiento de la sentencia.
La Sala Especial de Seguimiento a la Sentencia T-302 de 2017, encargada de proteger los derechos fundamentales de la niñez Wayuu, ha declarado que persisten prácticas inconstitucionales en varias entidades del Estado. A pesar de los avances, aún hay obstáculos en la transparencia, gestión de recursos y en la ejecución de los programas sociales esenciales.
El Contexto de la Sentencia T-302 de 2017
En 2017, la Corte Constitucional de Colombia emitió la Sentencia T-302, una decisión histórica que protegía los derechos fundamentales de la niñez Wayuu, una comunidad indígena que ha enfrentado graves problemas de acceso a agua potable, salud, alimentación y participación en el ámbito social y político. La sentencia establecía la obligación del Estado de garantizar la provisión de estos derechos básicos y de corregir las fallas que han afectado la vida de los niños y niñas Wayuu.
Desde entonces, varias entidades del Estado, desde el gobierno nacional hasta los entes territoriales en La Guajira, han estado involucradas en el cumplimiento de esta sentencia. Sin embargo, tras años de monitoreo y evaluación, la Sala Especial de Seguimiento ha encontrado que aún persisten fallos significativos en la implementación de las acciones ordenadas por la Corte.
Evaluación de los Avances y Obstáculos Identificados
En el último auto emitido el 19 de marzo de 2025, la Sala Especial de Seguimiento a la Sentencia T-302 concluyó que, a pesar de algunos avances en la implementación de las medidas, persisten varias deficiencias y bloqueos institucionales que afectan la efectividad de los programas destinados a mejorar las condiciones de vida de la niñez Wayuu. Entre las fallas identificadas, se mencionan:
- Prácticas inconstitucionales persistentes: Las entidades involucradas no han logrado superar ciertas prácticas administrativas que afectan directamente el cumplimiento de los derechos fundamentales de los Wayuu, especialmente en las áreas de salud, agua y alimentación.
- Falta de transparencia y claridad en la gestión de recursos: La Sala destacó que la gestión de los recursos destinados a estos fines ha sido opaca. No hay suficiente claridad sobre cómo se están utilizando los fondos, y persisten dificultades en la administración y ejecución de los mismos.
- Problemas con la asignación de contratistas: Otro punto crítico es la asignación de contratistas. A pesar de los esfuerzos por mejorar la transparencia en este ámbito, la Sala concluyó que aún existen deficiencias importantes en la selección de contratistas para proyectos vitales, lo que pone en riesgo la calidad de los servicios prestados.
El Protocolo de Buenas Prácticas y la Necesidad de Ajustes
La Sala analizó el protocolo de buenas prácticas administrativas que fue diseñado por las autoridades responsables de cumplir con la sentencia. Aunque reconoció que ha habido ciertos avances, el protocolo todavía necesita ajustes para ser verdaderamente eficaz. Entre los problemas identificados están:
- Falta de estrategias efectivas para capacitar y empoderar a las comunidades Wayuu.
- Inexistencia de una ruta clara para la actualización de los manuales de contratación, lo que genera incertidumbre en la ejecución de los proyectos.
- Deficiencias en el registro y reporte de la información contractual y financiera, lo que complica el seguimiento y control de los proyectos.
La Sala instó a las entidades responsables a realizar ajustes a estos protocolos para garantizar que los recursos se utilicen de manera eficiente y que los proyectos lleguen a las comunidades de manera efectiva.
Acciones de Vigilancia, Control e Investigación
El seguimiento a la Sentencia T-302 no solo involucra la ejecución de programas, sino también la vigilancia y el control por parte de varias instituciones, como la Procuraduría General de la Nación, la Superintendencia de Salud y los entes territoriales. La Sala valoró las acciones realizadas por estos órganos, pero encontró que los mecanismos de vigilancia, control e investigación aún son insuficientes.
Los principales problemas incluyen:
- Debilidades en la recopilación de información en el territorio, lo que dificulta una evaluación precisa de los avances y obstáculos.
- Falta de personal especializado para llevar a cabo las funciones de control e investigación, lo que aumenta la incertidumbre sobre los resultados de las acciones emprendidas.
- Incertidumbre sobre la eficacia de los procesos sancionatorios y penales, lo que puede desincentivar a las entidades responsables a tomar las medidas correctivas necesarias.
El Impacto de las Deficiencias Administrativas en la Vida de la Comunidad Wayuu
Estas deficiencias administrativas no solo afectan la implementación de políticas públicas, sino que también tienen un impacto directo en la vida de los niños y niñas Wayuu. En muchas ocasiones, los proyectos no alcanzan a satisfacer las necesidades más básicas de la comunidad, y la falta de transparencia en la gestión de los recursos contribuye a la perpetuación de condiciones de vida precarias.
A pesar de los esfuerzos de algunas entidades, las fallas persistentes demuestran que el camino hacia la plena garantía de los derechos fundamentales sigue siendo largo y lleno de obstáculos.
Un Camino Lento pero Necesario hacia la Justicia
La Sentencia T-302 de 2017 marcó un hito en la protección de los derechos de la niñez Wayuu, pero las dificultades en la implementación de la sentencia siguen siendo una realidad dolorosa. Si bien se han logrado algunos avances, las barreras institucionales, la falta de transparencia y la ineficacia en la gestión de recursos continúan obstaculizando el progreso. La Sala Especial de Seguimiento ha señalado la necesidad urgente de mejorar los mecanismos de control, la ejecución de los recursos y la capacitación de los actores involucrados.
Para que los derechos de la niñez Wayuu sean plenamente garantizados, es imperativo que las instituciones comprometidas con el cumplimiento de la sentencia trabajen de manera más coordinada, con mayores recursos y con una mayor sensibilidad hacia las realidades de las comunidades indígenas. Solo así se podrá asegurar que los niños y niñas Wayuu puedan disfrutar de sus derechos fundamentales, sin más demoras.
Información Adicional:
- Sistema General de Participaciones (SGP): Es el sistema mediante el cual el Estado colombiano transfiere recursos a los entes territoriales para financiar los servicios públicos de salud, educación y otros sectores sociales, destinados a beneficiar a la población vulnerable, como la comunidad Wayuu.
- Órganos de vigilancia y control: Las entidades como la Procuraduría, la Fiscalía y la Contraloría juegan un papel fundamental en la supervisión del cumplimiento de la Sentencia T-302, y su papel es crucial para garantizar la transparencia y eficiencia en la gestión de recursos.
Glosario jurídico:
- Objetivos constitucionales mínimos: reglas y principios constitucionales básicos que deben atenderse necesariamente para asegurar el sometimiento de cualquier ejercicio del poder al imperio de la Constitución.
- Órganos de vigilancia: para los efectos del auto son Superintendencia Nacional de Salud y de Servicios Públicos Domiciliarios.
- Órganos de control: Procuraduría General de la Nación y Defensoría del Pueblo.
- Órganos de investigación: Fiscalía General de la Nación.
- Entidades obligadas al cumplimiento de la sentencia: para los efectos del auto se entiende que son la Presidencia de la República, el Ministerio de Salud y Protección Social, el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, el Departamento Administrativo para la Prosperidad Social, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, la Superintendencia Nacional de Salud, la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, el Departamento de La Guajira y los municipios de Uribia, Manaure, Riohacha y Maicao y las demás definidas en el Decreto 147 de 2024, que creó el MESEPP.
- Sistema General de Participaciones (SGP): recursos que la Nación transfiere por mandato de los artículos 356 y 357 de la Constitución Política a las entidades territoriales para la financiación de los servicios cuya competencia les asigna la ley 715 de 2001 y las demás que la regulen.
- Asignación Especial del Sistema General de Participaciones para Resguardos Indígenas (AESGPRI): porción que le corresponde a los resguardos indígenas de los recursos que la Nación transfiere por mandato de los artículos 356 y 357 de la Constitución Política a las entidades territoriales para la financiación de los servicios cuya competencia les asigna la ley 715 de 2001 y las demás que la regulen.
- SECOP: Sistema Electrónico de Contratación Pública. Plataforma transaccional que permite a Compradores y Proveedores realizar el Proceso de Contratación en línea y al Estado crear y adjudicar procesos de contratación, registrar y hacer seguimiento a la ejecución contractual (Colombia compra eficiente).
¿Qué opinas sobre los avances en el cumplimiento de los derechos de la niñez Wayuu? ¿Crees que las entidades responsables están haciendo lo suficiente para garantizar la transparencia y eficiencia en la gestión de recursos? Comparte tu opinión en los comentarios y participa en este importante debate sobre los derechos humanos en Colombia.
La Sala Especial de Seguimiento a la Sentencia T-302 de 2017 declara el cumplimiento bajo del objetivo constitucional mínimo “garantizar la imparcialidad y la transparencia en la asignación de beneficios y en la selección de contratistas”
La Sala Especial de Seguimiento a la Sentencia T-302-de 2017 concluyó que persisten prácticas inconstitucionales y bloqueos institucionales en las entidades obligadas al cumplimiento de la sentencia que protegió los derechos al agua, la alimentación, la salud y la participación de la niñez Wayuu, así como en la gestión de las entidades competentes para la vigilancia, control e investigación de conductas contrarias al buen desempeño administrativo y a derecho.
