En el 25º aniversario del asesinato del periodista colombiano Jaime Garzón, la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) impulsa la campaña «Voces que reclaman justicia» para recordar su valiente labor y exigir la resolución del caso.
La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) conmemora hoy los 25 años del asesinato del periodista colombiano Jaime Garzón Forero, víctima de un ataque en Bogotá el 13 de agosto de 1999. Garzón, conocido por su agudo humor político y su rol como mediador humanitario, fue abatido a tiros mientras se dirigía a su trabajo en la emisora Radionet. Su muerte generó un impacto profundo en Colombia y aún permanece en la memoria colectiva, mientras la SIP intensifica su campaña «Voces que reclaman justicia» para que se haga justicia.
Miami (13 de agosto de 2024) – Jaime Garzón, de 38 años al momento de su asesinato, se destacó por su estilo único de presentar las noticias, utilizando el humor para abordar temas políticos y sociales en un período marcado por el conflicto entre paramilitares y guerrilleros en Colombia. Su trabajo no solo entretenía, sino que también ofrecía una crítica mordaz del gobierno y la violencia en su país.
La investigación del caso ha revelado una compleja red de implicaciones, incluyendo la participación de paramilitares, agentes estatales y figuras políticas. En 2004, Carlos Castaño, comandante de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), fue condenado en ausencia a 38 años de prisión como autor intelectual del asesinato, pero nunca cumplió su condena ya que fue asesinado poco después de la sentencia. La justicia aún no ha sido plenamente alcanzada, y algunos supuestos implicados siguen sin ser juzgados, según Carlos Jornet, presidente de la Comisión de Libertad de Prensa e Información de la SIP.
José Miguel Narváez, exsubdirector del Departamento Administrativo de Seguridad (DAS), fue condenado en 2018 a 30 años de prisión como autor intelectual del homicidio. Sin embargo, su sentencia se cumple en una guarnición militar y no en una cárcel común. Otros involucrados también han sido eliminados, lo que ha complicado aún más la investigación.
En una reciente declaración, Salvatore Mancuso, exjefe paramilitar, ha calificado el asesinato de Garzón como un «crimen de Estado», sugiriendo que las órdenes provenían de altos niveles del gobierno. Esta afirmación resalta la necesidad de una investigación más profunda para desentrañar todos los responsables.
El caso de Garzón fue llevado a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en 2011, tras agotar las instancias judiciales internas. En 2022, la CIDH emitió un informe que podría permitir una nueva evaluación del caso, ofreciendo esperanza a la familia y a los defensores de la libertad de prensa de que el manto de impunidad se levante.
Detalles de fondo: El asesinato de Jaime Garzón no ha prescrito debido a que en 2016 fue clasificado como un delito de lesa humanidad, dada la implicación de agentes del Estado junto a grupos paramilitares. La familia de Garzón y sus representantes han denunciado que la investigación fue desviada y obstruida por funcionarios del DAS y miembros de la Policía, cuestionando la seriedad y exhaustividad de las indagaciones.
Carlos Jornet, presidente de la Comisión de Libertad de Prensa e Información de la SIP: “Para garantizar la procuración de justicia en este crimen es necesario profundizar la investigación del entramado criminal e identificar a todos los responsables.”
Salvatore Mancuso, exjefe paramilitar: “El asesinato de Garzón fue un crimen de Estado. La orden habría venido de más arriba.”
A 25 años del asesinato de Jaime Garzón, el llamado a la justicia sigue siendo urgente. La campaña «Voces que reclaman justicia» de la SIP busca no solo recordar el impacto del periodista, sino también asegurar que se lleve a cabo una investigación completa para que todos los responsables enfrenten la justicia. La lucha por la verdad y la rendición de cuentas continúa, con la esperanza de que el caso Garzón sirva como un recordatorio de la importancia de la libertad de prensa y la justicia.
Información adicional: La SIP, con sede en Miami, es una organización sin fines de lucro que defiende la libertad de prensa y expresión en las Américas, compuesta por más de 1.300 publicaciones del hemisferio occidental.
Jaime Garzón: El legado perdurable del periodista asesinado en 1999
Campaña de la SIP «Voces que reclaman justicia»
Miami (13 de agosto de 2024) – Al cumplirse hoy 25 años del asesinato del periodista colombiano Jaime Garzón Forero, la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) le rinde homenaje como parte de su campaña «Voces que reclaman justicia», que insta a mantener vigente la memoria de reporteros caídos en cumplimiento de su labor informativa y a perseverar en el reclamo de justicia.
En la madrugada del 13 de agosto de 1999, en Bogotá, dos sujetos desde una moto efectuaron cinco disparos contra Garzón, según los registros de la SIP. El periodista, humorista político y mediador humanitario, se dirigía en su vehículo a la emisora Radionet, donde trabajaba. Garzón, de 38 años, había denunciado que era víctima de amenazas de muerte. Su asesinato causó gran conmoción en Colombia y generó manifestaciones de consternación y repudio.
Como periodista, Garzón impuso el humor político con un estilo particular. Presentaba las noticias de su país de forma irreverente, sarcástica y a través de personajes populares, cuando se intensificaban los enfrentamientos entre paramilitares y grupos guerrilleros. Criticaba a la sociedad, al gobierno y la violencia.
En 2004, Carlos Castaño, comandante paramilitar de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), fue condenado en ausencia a 38 años de cárcel como autor intelectual del asesinato, según la sentencia de la Justicia colombiana documentada por la SIP. Sin embargo, Castaño nunca fue detenido ni cumplió la sentencia. Fue asesinado un mes después de conocerse su condena.
Carlos Jornet, presidente de la Comisión de Libertad de Prensa e Información de la SIP, afirmó que, si bien «la investigación sobre el asesinato de Garzón reveló connivencia entre paramilitares, agentes estatales y figuras políticas en Colombia, algunos de los supuestos implicados aún no han sido vinculados a la investigación judicial, a 25 años de cometido el crimen».
José Miguel Narváez, exsubdirector del desaparecido Departamento Administrativo de Seguridad (DAS), quien en 2018 también fue condenado como autor intelectual del homicidio a 30 años de prisión, cumple desde entonces su sentencia en una guarnición militar, no en una cárcel, según denunció Alfredo Garzón, hermano del periodista muerto. Otros miembros del DAS, narcos y sicarios que sabían del crimen también fueron asesinados.
En marzo pasado, el exjefe paramilitar Salvatore Mancuso calificó el asesinato de Garzón como un crimen de Estado y manifestó que «la orden habría venido de más arriba». Lo afirmó en una entrevista con el medio estatal RTVC, parte de la cual fue reproducida por Infobae.
Jornet, director periodístico del diario argentino La Voz del Interior, enfatizó que «para garantizar la procuración de justicia en este crimen es necesario profundizar la investigación del entramado criminal e identificar a todos los responsables, tal como lo vienen reclamando la familia y los grupos de defensa de la libertad de prensa».
Tras agotar las instancias judiciales internas, el caso fue presentado en 2011 ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). La familia denunció la participación de funcionarios públicos en el homicidio y la incapacidad de la Justicia para perseguir y sancionar a todos los responsables en un periodo de tiempo razonable.
El 5 de julio de 2022 la CIDH emitió un informe de admisibilidad. La decisión permitiría una nueva evaluación de las circunstancias del homicidio de Garzón, con la esperanza de que se pueda levantar el manto de impunidad que lo cubre.
El crimen de Garzón no ha prescrito debido a que en 2016 fue declarado delito de lesa humanidad, por la participación de agentes del Estado junto a grupos paramilitares.
La familia y sus representantes legales alegan que «la investigación fue desviada por funcionarios del DAS y torpedeada por miembros de la Policía, lo que demostró que la Fiscalía no había investigado de manera seria y exhaustiva todas las hipótesis, en particular las que apuntaban a la responsabilidad penal de miembros del Ejército a pesar de los numerosos indicios y pruebas».
La SIP es una entidad sin fines de lucro dedicada a la defensa y promoción de la libertad de prensa y de expresión en las Américas. Está compuesta por más de 1.300 publicaciones del hemisferio occidental; y tiene sede en Miami, Estados Unidos.
Tomado de la SIPIAPA.ORG
