La Corte Constitucional ordena a la Inspección Novena Urbana de Policía de Ibagué utilizar un lenguaje comprensible en sus decisiones y garantiza alternativas de subsistencia para vendedores informales, tras amparar los derechos de un comerciante afectado por una orden de demolición.
La Sala Primera de Revisión de la Corte Constitucional ha fallado a favor de Víctor, un vendedor informal cuya caseta de ventas en Ibagué iba a ser demolida por una orden policiva. La Corte consideró que la falta de claridad en las decisiones administrativas vulneró sus derechos al debido proceso, confianza legítima, trabajo y mínimo vital. La Corte ha instado a la Inspección Novena Urbana de Policía de Ibagué a reformular sus decisiones utilizando un lenguaje claro y accesible, y ha ordenado que se ofrezcan alternativas de subsistencia a los vendedores afectados.
Víctor, un comerciante informal, enfrentó la amenaza de demolición de su caseta de ventas tras una querella policiva presentada en 2022, que alegaba el uso indebido del espacio público. Aunque Víctor aceptó la responsabilidad y demoler su extensión de cemento, las autoridades continuaron con el proceso, alegando que persistía la ocupación indebida. Ante esta situación, Víctor interpuso una acción de tutela, alegando vulneración de sus derechos fundamentales.
La Sala Primera de Revisión determinó que la falta de claridad en la comunicación de la decisión por parte de la Inspección Novena Urbana de Policía fue fundamental en la disputa. La Corte destacó que la incomprensión de la decisión por parte de Víctor y la falta de información clara y accesible contravinieron su derecho al debido proceso. Además, la Corte subrayó que las autoridades deben evitar el uso de lenguaje técnico o fórmulas rituales que puedan confundir a los ciudadanos.
La Corte también hizo hincapié en que los procesos de recuperación del espacio público no deben socavar los derechos de los vendedores informales. En consecuencia, las autoridades están obligadas a ofrecer alternativas de subsistencia a los vendedores afectados antes de proceder con medidas como la demolición de sus puestos de ventas. La decisión incluye una prohibición de llevar a cabo cualquier demolición sin antes cumplir con esta obligación.
Detalles de fondo: El fallo de la Corte Constitucional subraya la importancia de garantizar que las decisiones administrativas sean comprensibles para el público general, no solo para los expertos en derecho. Esta resolución refuerza el principio de que el lenguaje utilizado por las autoridades debe ser claro y accesible para prevenir violaciones del debido proceso y asegurar la protección de los derechos fundamentales de las personas afectadas.
“La claridad en la comunicación de las decisiones administrativas es esencial para que los ciudadanos puedan comprender y ejercer sus derechos de manera efectiva,” afirmó la Magistrada Natalia Ángel Cabo, quien presidió la Sala Primera de Revisión.
“La Inspección de Policía de Ibagué debe adoptar medidas inmediatas para garantizar que sus decisiones sean comunicadas de manera comprensible y accesible,”.
La Corte Constitucional ha tomado una posición firme en favor de los derechos de los vendedores informales, exigiendo un lenguaje claro en las decisiones administrativas y garantizando alternativas de subsistencia. Este fallo no solo protege los derechos de Víctor, sino que establece un precedente para la manera en que las autoridades deben comunicar sus decisiones en el futuro.
Información adicional:
La Corte Constitucional ha publicado la sentencia completa, Sentencia T-311 de 2024, que puede consultarse en su sitio web. La Red de Lenguaje Claro ha sido invitada a colaborar con la Inspección Novena Urbana de Policía de Ibagué para mejorar la claridad en las decisiones administrativas.
⚪ Glosario jurídico:
Querella policiva: Es la petición que hace una persona ante las autoridades de policía, para buscar su apoyo en casos de perturbación a la posesión o a la servidumbre de un bien.
Boletín de prensa N. 159
Corte ordena el uso de lenguaje claro y comprensible para las personas en procesos policivos
La Sala Primera de Revisión amparó los derechos al debido proceso, confianza legítima, trabajo y mínimo vital de un vendedor informal cuyo puesto de ventas iba a ser demolido por una orden policiva e invita a la Red de Lenguaje Claro a apoyar a la Inspección Novena Urbana de Policía de Ibagué en la toma de una nueva decisión en la que sea clara la motivación.
Bogotá D.C., 28 de agosto de 2024
Víctor es un comerciante informal que tiene una caseta de venta de bebidas en una vía nacional. En el año 2022, la concesionaria de la carretera presentó una querella policiva al considerar que estaba haciendo un uso indebido del espacio público pues Víctor había extendido una placa de cemento hasta la autopista.
En la audiencia ante una inspección de policía de Ibagué se leyeron los fundamentos de la querella y Víctor aceptó su responsabilidad frente a dicha extensión y se comprometió a demolerlo. En esa medida, la Inspección lo declaró infractor y ordenó adelantar la demolición.
Una vez cumplida su promesa, Víctor informó a la inspectora de policía. Cuando la autoridad verificó los cambios, consideró que la ocupación del espacio público persistía y continuó con las diligencias para que se demoliera la caseta. Ante esta situación, Víctor acudió a la acción de tutela, al considerar que sus derechos fundamentales al debido proceso, confianza legítima, trabajo y mínimo vital estaban siendo vulnerados.
Al estudiar el caso, la Sala Primera de Revisión encontró que parte del conflicto se dio porque la autoridad de policía no explicó su decisión con claridad. Esto llevó a que Víctor no comprendiera efectivamente la decisión y el alcance de la responsabilidad que estaba asumiendo.
La Sala Primera de Revisión estableció que es posible que la falta de claridad en las actuaciones administrativas genere una violación del debido proceso cuando se hace imposible para el público comprenderlas. Asimismo, cuando se emplea un lenguaje que impide controvertir las decisiones administrativas.
De esta manera la Corte identificó cuáles pueden ser algunos de los escenarios en los que el lenguaje empleado por las autoridades administrativas no es claro. Un ejemplo de ello es utilizar solo un lenguaje técnico o especializado o limitarse a usar fórmulas rituales. En consecuencia, la Sala precisó que las autoridades deben expresarse en formas que sean accesibles para el público general, que es el destinatario de las actuaciones de la administración pública.
Por otra parte, la Sala reiteró que los procesos de recuperación del espacio público no pueden generar una violación de los derechos de los vendedores informales y que es deber de las autoridades garantizar el debido proceso, la confianza legítima y el mínimo vital de esta población. Con ese fin, las autoridades territoriales deben ofrecer alternativas de subsistencia a aquellos vendedores que van a ser desalojados del espacio público.
Adicionalmente, la Corte reiteró que los censos de población son herramientas de política pública, pero no pueden considerarse un fin en sí mismo que puedan tener como consecuencia la violación de los derechos fundamentales de los vendedores informales. En consecuencia, la Corte estableció que las autoridades no pueden omitir la oferta de alternativas de subsistencia para un determinado vendedor informal por el solo hecho de no estar registrado en el censo.
Con base en lo anterior, la Sala concluyó que la Inspección de Policía vulneró el derecho al debido proceso de Víctor pues la inspectora de policía empleó un lenguaje poco claro que hizo que sus mensajes no fueran comprensibles para él. Además, porque la inspectora no tuvo en cuenta que las decisiones administrativas tienen como destinatario a un público general. Así mismo, la Corte encontró que la Alcaldía de Ibagué violó los derechos al mínimo vital y confianza legítima del accionante porque no le ofreció alternativas de subsistencia previo a la inminente demolición de su puesto de ventas informal.
Por lo anterior la Corte anuló el proceso policivo y ordenó que, si se rehace, se garantice la claridad de los procedimientos y las decisiones. Además, le ordenó a la Alcaldía que, si se vuelve a emitir una orden de demolición, ofrezca previamente alternativas de subsistencia al accionante.
Además, prohibió que se realice alguna demolición sin que se cumpla esa orden. Por último, la Sala reconoció que desarrollar las actuaciones administrativas con claridad requiere un entrenamiento por lo que invitó a la Red de Lenguaje Claro a prestar su apoyo a la Inspección de Policía de Ibagué para el uso de un lenguaje claro en sus decisiones.
