REPENSAR EL MODELO GEOPOLÍTICO DE COLOMBIA: HACIA UNA RENOVADA CULTURA POLÍTICA BASADA EN LAS REGIONES AUTONÓMICAS.
Desde la Asamblea Nacional Constituyente de 1991 se ha venido planteando la necesidad de avanzar en la autonomía regional como entidad territorial. Los principales argumentos que defendieron esta tesis y que se encuentran vigentes, se condensan en las siguientes consideraciones:
- Se ha dicho frecuentemente que Colombia es un país de regiones. Sin embargo, esta afirmación que puede corroborarse sin mucho esfuerzo examinando la realidad histórica del país, no se compadece con el tratamiento político, jurídico, fiscal y administrativo que en la práctica se les ha brindado a éstas.
- El nivel nacional ha concentrado la atención en desmedro de lo regional y local a pesar de los planteamientos que a buena hora se han realizado bajo la tendencia descentralizadora vigente en el país. Pero lo cierto, es que los avances obtenidos hasta el momento, no permiten concluir que el discurso sea plenamente coherente con los hechos y acciones quedesean las regiones colombianas.
- El modelo de desarrollo vigente en el país, caracterizado por la concentración y el centralismo agobiante, no ha permitido que las regiones que tengan por igual las mismas oportunidades para el despliegue de sus potencialidades, sean competitivas y propendan escenarios atractivos de inversión, innovación, fortalecimiento de las cadenas productivas propias o incursionar en nuevas tendencias y habilidades que demanda el siglo XXI, por ende, su contribución al desarrollo nacional en su conjunto es limitado.
- Las estrategias utilizadas en los últimos años para satisfacer las necesidades de la población en el territorio, han sido insuficientes porque los recursos han quedado centralizados en la Nación y las competencias se han limitado a la redistribución desde el punto de vista administrativo, con programas centralizados no adaptados a las realidades de las regiones.
- Se ha propuesto que la salida para las regiones y municipios colombianos es la soberanía fiscal. No obstante, pensar en que ella es la alternativa para la mayoría de las entidades territoriales es condenarlas a un aniquilamiento.
- Se requiere plena autonomía para crear múltiples polos de desarrollo al interior de cada región y liquidar definitivamente los efectos mortales del centralismo como sistema desequilibrante del desarrollo. Por lo tanto, es indispensable más autonomía para tener más opción de propiciar el modelo de desarrollo que consideren múltiples y diversos centros de impulso, con la apuesta en vigencia de diferentes instancias de concertación en el espacio regional y local con una perspectiva global.
- La regionalización es de las mejores fórmulas para la geopolítica de un país, que como el nuestro, requiere urgentemente ingresar al sistema internacional, en cuyo amplio espacio la regionalización ha desbordado las barreras nacionales para establecer relaciones subcontinentales.
Adicionalmente, resulta pertinente indicar que a pesar que la ConstituciónPolítica de 1991 establece en su artículo 1º que “Colombia es un Estado social de derecho, organizado en forma de República unitaria, descentralizada, con autonomía de sus entidades territoriales (…),” está inactuada ya que la realidad de hoy nos dice que Colombia es un Estado centralizado y sin entes territoriales dotados de autonomía, todo lo contrario de lo que prescribe la norma superior.
Demanda la construcción de soluciones estratégicas regionales y para dar cumplimiento a la Constitución se debe desarrollar un componente territorial que contribuya a la competitividad del sector privado y de los ciudadanos, cierre de brechas en la educación y transformación productiva basada en la tecnología que hasta el momento no ha tenido virtualidad en Colombia, pese, y conviene repetirlo, a estar recogido expresamente en la Constitución.
Además, esta necesidad jurídica viene acompañada de las razones de la conveniencia política, de la circunstancia marcada por el momento actual, de dar una salida a las reformas políticas que está pidiendo a gritos el país y que hasta el momento no han tenido éxito.
Se trata, por tanto, de aunar el desarrollo jurídico de una Constitución no completada, con la conveniencia política de actualizar la cultura política democrática. Todo el proceso viene dictado por el cumplimiento de la Constitución y el desarrollo de lo que en ella se contiene. Todo arranca de la Constitución.
De ahí, que lo que se busca es profundizar en el carácter democrático de una cultura política nacional que depare un nuevo orden territorial, donde los recursos se distribuyan de manera más equitativa y eficaz entre todos los colombianos.
Dicho de otro modo, las reformas necesarias para profundizar la cultura política democrática en Colombia van a ser procuradas a través de un gran pacto o nuevo trato que abarque a todos los sectores del orden nacional, regional y local que resulte en un nuevo modelo de organización territorial que impacte en la consolidación del trinomio estado, academia y sector privado y en beneficio de los ciudadanos de nuestras regiones.
El deseo de introducir reformas democráticas nos debe llevar a proponer un cambio institucional. El objetivo es que Colombia sea más democrática y con visión de desarrollo sostenible acercando a los colombianos al mundo.
Sobre la base de lo expuesto, vamos a iniciar la definición de un modelo territorial propio que responda a la idiosincrasia colombiana. No se trata en suma de importar ningún modelo foráneo, y esto es muy importante dejarlo claro, sino de crear el que sea más adecuado a las actuales necesidades de Colombia.
Los modelos comparados son útiles para tener presente el marco de posibilidades teóricas, pero lo importante son los datos de la realidad colombiana.
Estos datos nos llevan a tres ideas que deben fundamentar el proceso:
Primera, las regiones en Colombia son un fenómeno natural, están en la geografía y en la sociedad y hay que darles salida constitucional. No son en ningún caso una construcción artificial. Responden a las diferencias que separan a los territorios y como tales deben ser entendidas.
Segunda, la madurez de cada territorio en su condición de región es la que debe determinar el grado de autonomía, de manera que el proceso hacia la reorganización territorial debe partir de dos premisas: i) diferente tiempo, cada región debe tener su propio proceso temporal y no debe existir un proceso generalizado; y ii) Ese grado de autonomía será definido por el consenso del trinomio estado, academia y sector privado de cada región, con el objeto de cumplir los fines esenciales del estado.
Tercera, la autonomía territorial comporta en Colombia una redefinición fiscal, administrativa, presupuestal y financiera que debe ser tratada en profundidad, ya que implica pasar de un modelo de presupuesto y planificación centralizada actualmente vigente, al modelo de fiscalidad compartida, con las importantes consecuencias que ello supone en la redistribución de impuestos y en la creación de mecanismos de solidaridad fiscal.
Ello implica, reafirmar la necesidad del apalancamiento presupuestal o financiero hacia las Regiones, para una mejor distribución, disponibilidad, acceso y control de los recursos que permita una gestión pública eficiente y redunde en el mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes.
Como también significa introducir la cooperación donde hoy está la administración subordinada. Todo en conjunto, va a determinar un importante cambio de cultura política, que es en el fondo lo que se está proponiendo.
Repensar el modelo geopolítico de Colombia, hacia una renovada cultura política basada en las Regiones Autonómicas, no está dirigido a cambiar constitucionalmente nuestro Estado de República Unitaria; todo lo contrario, busca reforzar la estructura constitucional del Estado Social de Derecho, a través del fortalecimiento en el diseño e implementación de políticas públicas en el territorio.
Es importante precisar que avanzar en el nuevo modelo geopolítico propuesto, de ninguna manera puede entenderse como un resquebrajamiento de los postulados, principios y valores constitucionales de nuestro ordenamiento jurídico que cimienta nuestro Estado Unitario, lo cual está muy lejos que se pueda considerar, inducir o asemejar al establecimiento de “Repúblicas Independientes”.
Las ventajas de la implementación del nuevo modelo se reflejarán en:
- Mayor autonomía de las regiones que ayudará a encontrar formas de romper la rigidez del Estado colombiano.
- Promover la toma de decisiones para cumplir con los intereses reales de los habitantes en sus territorios.
- Un nuevo diseño institucional que contribuiría a dividir el poder de manera horizontal, lo cual significa que las regiones tengan el mismo poder político que el Estado central.
- Mejorar la calidad de vida de los habitantes del territorio, consistente en una mejor prestación de los servicios públicos.
- El desarrollo y bienestar de las zonas más pobres del país.
- Y en facilitar territorialmente la toma de decisiones políticas, para que cada Región sea la verdadera protagonista en la gestión de las soluciones de sus necesidades insatisfechas.
Es el momento propicio para repensar el modelo geopolítico del país, caminando hacia una renovada cultura política basada en las Regiones Autonómicas, que permita construirse a través de Audiencias Públicas que concrete la Región en su concepción natural, esto es, como una división del territorio o entidad territorial caracterizada por tener tradiciones, historia, geografía y recursos naturales homogéneos.
Durante este proceso constructivo se podrá evaluar el modelo actual y reflexionar sobre la cultura política democrática y el desarrollo regional de una manera amplia, con la participación de todos los actores y líderes que representan el interés general de conformidad con los fines esenciales del Estado Social de Derecho.
Dentro de la estructura de las Regiones Autonómicas, si bien, se conservará la unidad nacional, se buscará descentralizar y desconcentrar el Estado Colombiano para convertirlo en un país de regiones con claras competencias.
Es una oportunidad para reflexionar sobre la cultura política democrática de una manera tranquila y en paz, y con la participación de todos los actores que integran el Estado Colombiano.
Lo anterior es fundamental, dado que la Corte Constitucional al examinar la Ley 134 de 19941, Estatutaria de los mecanismos de participación ciudadana, recabó en la importancia y valor de la participación, al entender que esta “inspira el nuevo marco sobre el cual se estructura el sistema constitucional del estado colombiano. Esta implica la ampliación cuantitativa de oportunidades reales de participación ciudadana, así como su recomposición cualitativa en forma que, además del aspecto político electoral, su espectro se proyectó a los planos de lo individual, familiar, económico y social”2.
La Corte deja entrever que la participación no se agota con el simple acto de la votación, sino que como actitud estatal y ciudadana, ha de estar presente en toda clase de actuaciones individuales y colectivas. Es por eso, que la participación atraviesa la totalidad de la Constitución Política de 1991, dándole unidad desde diversas dimensiones jurídicas, entre las que cabe destacar3:
- “La participación como el marco en el que se desarrollen los fines, los valores y los principios constitucionales, tal y como lo establece el preámbulo de la Constitución.
- La participación como un principio constitucional, desplegado en la democracia participativa o directa, así como en la democracia representativa o indirecta, de acuerdo con lo normado en el artículo 3 de la Constitución.
- La participación como un derecho fundamental, contenido en el artículo 40 de la Carta, donde se establecen siete modalidades para participar en la conformación, el ejercicio y el control del poder político.
- La enunciación y desarrollo de los mecanismos de participación democrática, fijados en el artículo 103 de la Constitución. La fijación normativa de estos mecanismos y su desarrollo por medio de leyes
- Sentencia C-180 de 1994, M.P. Hernando Herrera Vergara.
- Véase Sentencia C-180 de 1994, M.P. Hernando Herrera Vergara y QUINCHE RAMÍREZ, Manuel Fernando (2010).
Derecho Constitucional Colombiano. De la Carta de 1991 y sus reformas. Cuarta edición ampliada y actualizada. Págs. 15
estatutarias, además de ser un avance en técnica jurídica, confirma el carácter participativo de la Constitución”.
Así las cosas, con la Constitución Política de 1991 “(…) se establecieron nuevas bases de coexistencia, más a tono con el sino de la época: la solidaridad en lugar del egoísmo; el consenso en lugar de la imposición; la participación democrática en lugar del autoritarismo4”. (Negrillas por fuera del textooriginal)
Todo lo expuesto, nos permite enfatizar que dentro del desarrollo de las Audiencias Públicas es importante recibir de la comunidad aportes relacionados con las principales problemáticas y dificultades que ha tenido el gobierno local (municipal, distrital o departamental) para garantizar y satisfacer las necesidades básicas insatisfechas de la comunidad.
En cualquier caso, estamos ante un proceso que debe comenzar desde abajo y proyectarse de la sociedad al Estado, no jerárquicamente sinoen términos democráticos, ya que no se trata de sustituir un orden centralizado por una decisión procedente de la cúpula de la decisión política. El objetivo es regenerar el Estado y la política desde la sociedad y sus componentes. Por eso, es imprescindible que expresen su opinión de manera autónoma y desprovista de cualquier presión de autoridad los diferentes elementos de la nación colombiana.
Estos insumos son clave para decantar y depurar la propuesta de Regiones Autonómicas hacia una renovada cultura política del país.
- Salvamento de voto de los magistrados Jorge Arango Mejía, Carlos Gaviria Díaz y Alejandro Martínez Caballero, a la Sentencia C-371 de 1994, M.P. José Gregorio Hernández Galindo.
De esta manera, se abordarán nuevas perspectivas asociadas al modelo regional en Colombia, desde una comprensión integral (académica, técnica, política, social, local, regional e internacional) que aproximará al público hacia una reflexión más profunda del modelo vigente en el país.
