La Ley 1876 del 2017 crea nuevas funciones, competencias y mecanismos de articulación de las entidades y organismos de coordinación del orden nacional y territorial.
El proyecto se enfoca en cinco pilares fundamentales.
La Secretaría de Agricultura de Manizales adelanta, ante la Agencia de Desarrollo Rural, el cumplimiento de requisitos para obtener la acreditación como Empresa Prestadora de Servicios Agropecuarios. Una vez otorgada, la dependencia municipal desempeñaría acciones de acompañamiento integral orientadas a diagnosticar, recomendar, actualizar, capacitar, transferir, empoderar y generar competencias en los productores agropecuarios, para que incorporen en su actividad productiva: prácticas, productos tecnológicos, tecnologías y conocimientos, que beneficien su desempeño y mejoren su competitividad y sostenibilidad, así como su aporte a la seguridad alimentaria.
El secretario de Agricultura de Manizales, Luis Guillermo Quintero Estrada, explicó: “teniendo en cuenta las disposiciones que se tienen con la Ley 1876 del 2017, desde la Secretaría de Agricultura se viene adelantando el cumplimiento de requisitos para ser acreditada por parte de la Agencia de Desarrollo Rural como una entidad prestadora de servicios agropecuarios. Para el municipio es importante lograr esta certificación, ya que se obtienen beneficios como la gestión de recursos desde el ámbito nacional para apalancar al sector rural de nuestro municipio”.
La acreditación se fundamenta en cinco pilares:
- El desarrollo de capacidades sociales integrales: para la apropiación y fortalecimiento de la asociatividad.
- El desarrollo de capacidades humanas integrales: para ejecutar apropiadamente las labores que demanden su actividad productiva.
- La gestión sostenible de los recursos naturales: para un uso eficiente de los recursos suelo, agua y biodiversidad.
- El acceso y aprovechamiento efectivo de la información de las TIC: para la resolución de problemas, a través de la investigación, innovación y desarrollo tecnológico.
- Mayor participación de los productores en espacios de política pública sectorial: capacidad de autogestión para la solución de sus necesidades.
