La Corte Constitucional de Colombia realizará dos sesiones técnicas el 31 de enero y 3 de febrero de 2025 para tratar los bloqueos institucionales y las prácticas inconstitucionales en el sistema de seguridad para los firmantes del Acuerdo de Paz.
La Corte Constitucional de Colombia convoca a sesiones técnicas para analizar y proponer soluciones a los bloqueos institucionales y las prácticas inconstitucionales en el sistema de prevención y alerta para los excombatientes de las FARC-EP firmantes del Acuerdo de Paz. Las sesiones serán transmitidas en vivo y se realizarán en el Palacio de Justicia en Bogotá.
La Corte Constitucional de Colombia convoca dos sesiones técnicas clave sobre seguridad para excombatientes
La Corte Constitucional de Colombia ha convocado dos sesiones técnicas para abordar las soluciones a los bloqueos institucionales y las prácticas inconstitucionales identificadas en el Sistema de Prevención y Alerta para la Reacción Rápida de la política pública de seguridad para los firmantes del Acuerdo Final de Paz. Estas sesiones se celebrarán los días 31 de enero y 3 de febrero de 2025 en el Palacio de Justicia en Bogotá y se transmitirán a través de las redes sociales oficiales de la Corte.
Las sesiones se centran en mejorar las condiciones de seguridad de los excombatientes de las FARC-EP, quienes están en proceso de reincorporación a la sociedad tras la firma del Acuerdo de Paz en 2016. La Sala Especial de Seguimiento al Estado de Cosas Inconstitucional de la Corte ha detectado fallas estructurales en el sistema de seguridad, lo que ha puesto en riesgo a los excombatientes y ha dificultado su reincorporación efectiva.
Identificación de bloqueos institucionales y prácticas inconstitucionales
En el Auto 1929 de 2024, la Corte identificó dos bloqueos institucionales significativos que afectan el cumplimiento del Sistema de Prevención y Alerta para la Reacción Rápida. El primer bloqueo se relaciona con la desarticulación entre las entidades encargadas de este sistema, lo que ha impedido la implementación efectiva de medidas de seguridad para los excombatientes. El segundo bloqueo se refiere a la asignación difusa de responsabilidades, lo que dificulta la coordinación adecuada entre las diferentes autoridades y la correcta implementación de políticas públicas para prevenir violaciones a los derechos humanos.
Estos bloqueos, según la Corte, han dado lugar a prácticas inconstitucionales que afectan gravemente la seguridad de los firmantes del Acuerdo de Paz. Entre estas prácticas se destacan la falta de perspectivas diferenciales para abordar los riesgos específicos que enfrentan los excombatientes, así como una distribución inequitativa de las cargas de respuesta sobre las entidades territoriales, lo que complica la intervención del Estado.
El propósito de las sesiones técnicas
Las dos sesiones técnicas programadas para el 31 de enero y el 3 de febrero de 2025 se destinarán a abordar específicamente estos problemas estructurales. En la primera sesión, se tratará el componente de alertas tempranas del sistema, bajo la responsabilidad de la Defensoría del Pueblo, mientras que la segunda sesión se enfocará en el componente de respuesta rápida, coordinado por el Ministerio del Interior.
Ambas sesiones contarán con la participación de diversas entidades del Estado, como el Ministerio de Defensa, la Unidad Nacional de Protección, la Procuraduría General de la Nación, y organizaciones de la sociedad civil, incluyendo el Instituto Kroc de Estudios Internacionales de Paz, Codhes y la Misión de Verificación de las Naciones Unidas, entre otros.
Objetivos de las sesiones
El principal objetivo de estas sesiones es generar un espacio de diálogo público en el que se puedan discutir las fallas estructurales identificadas por la Corte y encontrar soluciones efectivas para superarlas. Además, se busca fomentar acuerdos entre los actores involucrados para superar de manera coordinada los bloqueos institucionales y las prácticas inconstitucionales que afectan la seguridad de los excombatientes.
Las sesiones convocadas por la Corte Constitucional representan un paso crucial en la implementación efectiva de políticas públicas de seguridad para los firmantes del Acuerdo de Paz. La Corte espera que, a través de un diálogo abierto y constructivo, se logre solucionar los bloqueos y prácticas inconstitucionales que aún persisten, garantizando así la protección y reincorporación de los excombatientes en la sociedad colombiana.
Información adicional
Glosario jurídico:
Sentencia SU-020 de 2022: La Corte concluyó que hubo una masiva y sistemática vulneración de los derechos fundamentales a la seguridad, a la vida, a la paz y a la integridad personal de la población firmante del Acuerdo Final de Paz. Por ello, la Sala Plena protegió los derechos de los accionantes, declaró un estado de cosas inconstitucional debido al bajo nivel de cumplimiento del componente de garantías de seguridad para todos los excombatientes de la extinta guerrilla de las FARC-EP en proceso de reincorporación y dictó órdenes para superarlo.
¿Qué opinas de las sesiones convocadas por la Corte Constitucional para mejorar la seguridad de los excombatientes? ¿Cómo crees que estas acciones impactarán en el proceso de paz en Colombia? Comparte tus opiniones en los comentarios y participa en este importante debate sobre el futuro de la paz en Colombia.
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