La Corte Constitucional ha reiterado los principios que la Unidad Nacional de Protección (UNP) debe seguir para valorar los riesgos de defensores de derechos humanos y líderes sociales. En su reciente decisión, se reafirmaron los derechos fundamentales de estos actores clave en la construcción de la democracia colombiana.
La Corte Constitucional resolvió el caso de dos defensores de derechos humanos y líderes sociales, Juan y Pedro, cuya seguridad fue comprometida por decisiones de la Unidad Nacional de Protección (UNP). La Corte destacó la responsabilidad de esta entidad en garantizar la protección adecuada a quienes están expuestos a situaciones de riesgo debido a su labor en defensa de derechos fundamentales.
La Sala Primera de Revisión de la Corte Constitucional abordó el caso de Juan y Pedro, dos líderes sociales y defensores de derechos humanos que, al formar parte de organizaciones de víctimas del conflicto armado, fueron afectados por la reducción de sus esquemas de protección por parte de la Unidad Nacional de Protección (UNP). Según ellos, esta decisión vulneró sus derechos fundamentales, como el derecho a la integridad, a la seguridad y a la vida, al ofrecerles un esquema de protección insuficiente.
Al resolver los casos, la Corte resaltó la importancia de los defensores de derechos humanos y líderes sociales en Colombia, reconociendo sus contribuciones al fortalecimiento del Estado democrático. No obstante, la Corte también subrayó que el contexto en el que realizan su labor es altamente peligroso, como lo señalan los informes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Defensoría del Pueblo, que alertan sobre los constantes riesgos que enfrentan estos líderes.
En su sentencia, la Corte hizo énfasis en las obligaciones que la UNP debe cumplir al evaluar y ajustar las medidas de protección. Entre ellas se encuentran:
- Realizar un estudio exhaustivo del contexto y las situaciones particulares de cada caso.
- Evaluar periódicamente los riesgos y las medidas de protección adoptadas.
- Abstenerse de tomar decisiones que puedan generar nuevos riesgos o agravar los existentes.
- Fundamentar las decisiones de manera técnica, suficiente y razonada.
Además, la Corte resaltó la importancia de tener en cuenta el sistema de alertas tempranas de la Defensoría del Pueblo y cómo los contextos de estos informes deben influir en la valoración del riesgo en cada caso.
En el caso de Juan, la Corte encontró que la UNP redujo su esquema de seguridad sin un análisis adecuado del aumento del riesgo y sin justificar debidamente su decisión. Además, la entidad no consideró las alertas tempranas emitidas por la Defensoría del Pueblo, lo que llevó a la Corte a ordenar un nuevo procedimiento de evaluación del riesgo para garantizar la protección de este defensor de derechos humanos.
Por otro lado, en el caso de Pedro, la Corte determinó que se configuró la carencia actual de objeto debido a que, durante el proceso, la UNP ya había reforzado su esquema de protección. Como resultado, la Corte consideró que la solicitud de Pedro había sido satisfecha y no procedió con más medidas.
La Corte enfatizó que la UNP debe realizar «un estudio cuidadoso de cada situación y contexto particular» al momento de evaluar los riesgos, un proceso que debe ser continuo y que debe garantizar que las decisiones no incrementen el peligro para los defensores de derechos humanos.
Detalles de Fondo:
Este fallo subraya la responsabilidad de las autoridades en Colombia para proteger a aquellos que defienden derechos humanos en un contexto de violencia persistente. A través de su sentencia, la Corte Constitucional refuerza la idea de que los defensores de derechos humanos y líderes sociales no solo realizan un trabajo crucial para la democracia, sino que también enfrentan peligros inminentes debido a su labor.
La Corte Constitucional reafirma la necesidad de un marco de protección adecuado para los defensores de derechos humanos y líderes sociales. El caso de Juan y Pedro ilustra cómo la Unidad Nacional de Protección debe cumplir con sus responsabilidades para garantizar la seguridad y proteger los derechos fundamentales de quienes luchan por la justicia en Colombia. Con esta sentencia, la Corte impulsa el cumplimiento de los estándares internacionales de protección, buscando salvaguardar a quienes contribuyen a la construcción de un país más justo y democrático.
Información Adicional:
El sistema de alertas tempranas de la Defensoría del Pueblo es una herramienta clave para identificar y prevenir riesgos que puedan afectar a defensores de derechos humanos. Este sistema tiene como objetivo detectar situaciones de peligro y proponer medidas de protección adecuadas.
¿Qué opinas sobre la importancia de proteger a los defensores de derechos humanos en Colombia? ¿Consideras que las medidas adoptadas por la UNP son suficientes para garantizar su seguridad? Comparte tu opinión en los comentarios y sigue de cerca las decisiones de la Corte Constitucional.
La Corte reitera los estándares que la Unidad Nacional de Protección debe respetar al valorar el riesgo de personas defensoras de derechos humanos y líderes sociales
La Sala Primera de Revisión resolvió el caso de dos defensores de derechos humanos y líderes sociales cuyos esquemas de protección fueron desmejorados por la Unidad Nacional de Protección. La Corte reiteró las obligaciones que esta entidad debe cumplir al evaluar los riesgos de las personas.
Glosario jurídico:
Estudio de riesgos: Es el procedimiento a través del cual la Unidad Nacional de Protección hace un análisis integral de los factores de riesgo que enfrenta una persona, para determinar si es ordinario, extraordinario o extremo y, con ello, determinar qué medidas de protección deben ofrecérsele.
Sistema de Alertas Tempranas: Es un sistema diseñado e implementado por la Defensoría del Pueblo para monitorear y advertir sobre las situaciones de riesgo y promover la prevención humanitaria para proteger y garantizar los derechos de las personas.
A continuación puede leer o descargar el PDF con el boletin oficial
¡Atención comunidad de #Palestina! 
