La Fiscalía General de la Nación, en conjunto con agencias internacionales, descubrió una red que traficaba con migrantes usando documentos falsificados, permitiéndoles acceder ilegalmente a los Estados Unidos. Tres personas fueron judicializadas, entre ellas un funcionario de la Registraduría Nacional.




La Fiscalía y autoridades internacionales desmantelaron una red de tráfico de migrantes, que usaba documentos falsos para hacer pasar a extranjeros como colombianos. El operativo resultó en la judicialización de tres implicados, incluido un funcionario de la Registraduría, que facilitaba el acceso ilegal a los Estados Unidos.
La Fiscalía General de la Nación, en una operación articulada con Migración Colombia, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), y la Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI), descubrió una red criminal dedicada al tráfico de migrantes, la cual operaba en el país facilitando documentos falsificados para extranjeros. El modus operandi de la organización consistía en gestionar registros civiles y otros documentos de identificación a ciudadanos de diferentes países para hacerlos pasar como colombianos, lo que les permitía viajar con libertad por Colombia y posteriormente a los Estados Unidos.
El Funcionamiento de la Red Criminal
De acuerdo con las investigaciones, la red delictiva operaba entre noviembre de 2021 y marzo de 2025. Los implicados contactaban a ciudadanos de la República Dominicana y otros países de la región, y les proporcionaban documentos falsificados, entre ellos registros civiles y cédulas de ciudadanía colombiana. Estos documentos permitían a los migrantes presentarse como colombianos y moverse sin restricciones por el territorio nacional.
El cabecilla de la organización fue identificado como Gerson Puentes Sining, quien coordinaba el proceso de traslado de los migrantes y garantizaba que los documentos fueran procesados correctamente en distintas registradurías del país. Puentes Sining, junto a Ingrid Katerin Villar Pedrozo, quien también formaba parte de la red, se encargaba de gestionar la documentación falsa en ciudades como Cartagena, El Carmen de Bolívar, Valledupar, Montería, Sincelejo y Leticia.
La Implicación del Funcionario de la Registraduría
En este entramado de falsificación de documentos, uno de los implicados clave fue un funcionario de la Registraduría Nacional del Estado Civil, José María Romero Ortega, quien operaba en El Carmen de Bolívar. Según la Fiscalía, Romero Ortega utilizaba su acceso privilegiado a las bases de datos de la Registraduría para insertar información falsa, permitiendo la legalización de documentos fraudulentos que daban una apariencia de legalidad a los trámites.
Este acto constituye un grave abuso de poder, ya que el funcionario no solo facilitaba el acceso de extranjeros a la nacionalidad colombiana de manera ilícita, sino que también comprometía la integridad de los registros civiles, afectando la seguridad y transparencia del sistema migratorio nacional.
Impacto Internacional y Colaboración con Autoridades Extranjeras
La operación fue realizada con la colaboración de las agencias estadounidenses ICE y HSI, quienes ayudaron a rastrear a los migrantes que intentaban viajar a los Estados Unidos con documentos falsificados. La red criminal no solo afectó a Colombia, sino que también tuvo un impacto directo en la seguridad migratoria de Estados Unidos, pues permitía a estos migrantes evadir los controles de los filtros migratorios en los aeropuertos.
Este es un ejemplo más de cómo las redes de tráfico de migrantes utilizan las brechas del sistema legal y las instituciones públicas para poner en riesgo la seguridad de los países involucrados. El tráfico de personas es un crimen que no solo vulnera los derechos de los migrantes, sino que también socava la confianza en las instituciones encargadas de la seguridad y el control migratorio.
Judicialización de los Implicados
Como resultado de las investigaciones, tres personas fueron judicializadas por su participación en este esquema de tráfico de migrantes. A Ingrid Katerin Villar Pedrozo y Gerson Puentes Sining se les imputaron delitos como concierto para delinquir, tráfico de migrantes, y falsedad material en documentos públicos. El funcionario José María Romero Ortega, quien facilitaba el acceso a la base de datos de la Registraduría, fue imputado por los delitos de tráfico de migrantes agravado y acceso abusivo a un sistema informático.
Los dos civiles serán enviados a un centro carcelario mientras que Romero Ortega sigue siendo parte de la investigación. La Fiscalía trabaja en la identificación de otros posibles integrantes de la red que operaban en distintas regiones del país.
Detalles de Fondo:
La operación realizada por la Fiscalía es un paso importante en la lucha contra el tráfico de migrantes, un delito que ha ido en aumento en los últimos años en América Latina. La región ha sido históricamente un punto de tránsito para migrantes que intentan llegar a Estados Unidos, y las redes que gestionan documentos falsificados son uno de los métodos más comunes utilizados por los traficantes de personas.
Este caso pone de manifiesto la necesidad urgente de mejorar los mecanismos de control interno en las instituciones gubernamentales, así como la importancia de la cooperación internacional en la lucha contra el crimen organizado que afecta la seguridad de los países involucrados.
La falsificación de documentos no solo es un delito grave, sino que también compromete la seguridad del país al permitir la circulación ilegal de personas, quienes podrían ser responsables de actividades ilícitas que afectan tanto a las naciones de tránsito como a las de destino.
La Fiscalía General de la Nación ha expresado que «esta operación demuestra el compromiso de la entidad para enfrentar el tráfico de migrantes, especialmente cuando involucra a funcionarios públicos que tienen la responsabilidad de garantizar la legalidad y la transparencia en los procesos migratorios.»
La desarticulación de esta red criminal marca un avance significativo en la lucha contra el tráfico de migrantes y la falsificación de documentos en Colombia. Este tipo de delitos comprometen la seguridad nacional y ponen en peligro la integridad de los procesos migratorios. La Fiscalía continuará con sus investigaciones para identificar y judicializar a todos los responsables.
Información Adicional:
- Migración Colombia y otras autoridades seguirán de cerca este tipo de redes criminales para evitar nuevos intentos de fraude en el sistema migratorio.
- En el caso de José María Romero Ortega, el funcionario sigue vinculado a la investigación, lo que podría generar nuevas repercusiones en el ámbito público.