El Juzgado 60 Administrativo de Bogotá condena al Estado por el abuso sufrido por Manuel Santiago López durante el paro nacional de 2021. La sentencia no incluye medidas preventivas para proteger a los periodistas en futuras protestas.
El Juzgado 60 Administrativo de Bogotá ha dictado una condena contra el Estado, el Ministerio de Defensa y la Policía Nacional por la captura y tortura del periodista Manuel Santiago López, quien fue agredido mientras cubría el paro nacional en Duitama, Boyacá, en 2021. La sentencia, que se conoció este 13 de agosto de 2024, impone sanciones económicas a las instituciones responsables, pero no incluye las medidas adicionales solicitadas por López para proteger a los periodistas en futuras protestas.
Manuel Santiago López, periodista agredido durante el paro nacional en 2021, recibió un fallo favorable del Juzgado 60 Administrativo de Bogotá. López había sido detenido y brutalmente torturado por la Policía Nacional mientras cubría las protestas en Duitama, Boyacá. Según reporta El Espectador, la agresión incluyó el uso de su propio carné para ahorcarlo, una táctica que los agresores utilizaron para humillarlo.
A pesar de la condena económica impuesta al Estado y a las instituciones involucradas, López expresó su descontento con la falta de medidas adicionales. El periodista había solicitado una disculpa pública de la Policía y la implementación de protocolos específicos para proteger a los periodistas durante las protestas, demandas que el juzgado no ordenó. En respuesta, la Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) ha presentado una apelación para exigir que se implementen estas medidas preventivas.
La violencia contra los periodistas durante el paro nacional de 2021 es parte de un patrón más amplio de agresiones. La Defensoría del Pueblo informó recientemente que el 44% de los periodistas en Colombia han sido víctimas de vulneraciones de derechos humanos. Este alto porcentaje refleja una grave crisis de seguridad para los reporteros en el país, exacerbada por el conflicto armado y las agresiones tanto de grupos armados ilegales como de entidades estatales.
Detalles de fondo: La situación de los periodistas en Colombia es crítica. Según el informe de la Defensoría del Pueblo, los grupos armados ilegales y las organizaciones del crimen organizado son responsables de la mayoría de las agresiones, representando el 28% de las vulneraciones. Las entidades estatales, incluida la Policía, son responsables del 24% de los casos. Este contexto de violencia y represión subraya la necesidad urgente de reformas para proteger a los periodistas en el ejercicio de su labor.
Julio Solano, delegado de libertad de expresión de la Defensoría del Pueblo, comentó sobre el informe: “Los grupos armados ilegales y las organizaciones del crimen organizado son los principales responsables de las vulneraciones a los derechos de los periodistas en Colombia.” Además, la FLIP ha manifestado su preocupación por la falta de medidas preventivas en el fallo reciente: “No podemos considerar esta sentencia como una victoria si no se establecen mecanismos claros para proteger a los periodistas en el futuro,” afirmó un portavoz de la organización.
La condena al Estado por la tortura a Manuel Santiago López es un paso importante hacia la justicia, pero también revela la necesidad urgente de reformas en los protocolos de protección para periodistas en Colombia. La apelación presentada por la FLIP podría ser crucial para asegurar que se implementen medidas efectivas para prevenir futuras agresiones y fortalecer la libertad de prensa en el país.
Información adicional: La situación de los periodistas en Colombia es alarmante y ha sido objeto de preocupación internacional. Según un reciente informe de la Defensoría del Pueblo, el 44% de los periodistas en Colombia han sido víctimas de vulneraciones a los derechos humanos. Este informe revela que el 28% de estas agresiones provienen de grupos armados ilegales, como el ELN y las disidencias de las FARC, mientras que un 24% de las violaciones son atribuibles a las fuerzas estatales, incluida la Policía Nacional.
El informe también detalla que un 37% de las vulneraciones corresponden a violaciones a la libertad de expresión y de información, lo que incluye amenazas y ataques físicos. Además, el 36% de los periodistas encuestados han reportado amenazas contra su vida e integridad física. La situación se agrava debido a un conflicto armado de más de seis décadas y al narcotráfico, que ha dejado 9,5 millones de víctimas en el país.
La Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) ha documentado que, durante el paro nacional de 2021, se registraron al menos 304 agresiones contra periodistas en Colombia. Estos incidentes incluyeron golpes, obstrucciones a su trabajo, hostigamientos y la eliminación de material periodístico que documentaba abusos policiales. La gravedad de estos ataques refleja una crisis sistemática en la protección de los derechos de los reporteros en el país.
La ONG internacional Reporteros Sin Fronteras (RSF) ha clasificado a Colombia como uno de los países más peligrosos para el ejercicio del periodismo en América Latina, superado solo por Venezuela, Cuba, Nicaragua y Honduras. Esta clasificación subraya la urgencia de abordar la violencia contra los periodistas y fortalecer las medidas de protección para garantizar un entorno seguro para la libertad de prensa.
