La Corte Constitucional exige la reformulación de la batería de indicadores para medir el progreso en la superación del Estado de Cosas Inconstitucional en La Guajira. Se busca garantizar que las acciones estatales respondan efectivamente a las necesidades de la comunidad Wayuu.
El 12 de diciembre de 2024, la Corte Constitucional ordenó la reformulación de los indicadores que miden el avance en la superación del Estado de Cosas Inconstitucional (ECI) en La Guajira, tras identificar fallas en su idoneidad y participación. La medida busca asegurar el cumplimiento de los derechos del pueblo Wayuu, especialmente en áreas críticas como salud y agua.
El 12 de diciembre de 2024, la Corte Constitucional de Colombia tomó una decisión clave en relación con los derechos del pueblo Wayuu al ordenar la reformulación de la batería de indicadores que miden el avance en la superación del Estado de Cosas Inconstitucional (ECI) en La Guajira. Esta intervención forma parte del seguimiento y cumplimiento de la histórica sentencia T-302 de 2017, que buscaba remediar las vulneraciones sistemáticas y graves de derechos en la región.
Un Contexto Urgente: El Estado de Cosas Inconstitucional en La Guajira
El ECI es un mecanismo legal que se activa cuando el Estado no ha cumplido con sus obligaciones de proteger los derechos fundamentales de una población, en este caso, el pueblo Wayuu. La sentencia T-302 de 2017 identificó múltiples violaciones de derechos humanos, como el acceso al agua, alimentación, salud y educación, lo que llevó a la creación de un plan de intervención que involucra a diversas instituciones públicas. En este marco, la Corte había ordenado la creación de un sistema de indicadores para evaluar el impacto de las políticas públicas.
La Reformulación Ordenada por la Corte Constitucional
La decisión tomada por la Sala Especial de Seguimiento a la Sentencia T-302 de 2017 se centra en la batería de indicadores de goce efectivo de derechos (IGED) presentada por la Consejería Presidencial para las Regiones. Aunque estos indicadores estaban diseñados para medir el impacto de las políticas públicas, la Corte detectó varias fallas que comprometían su efectividad:
- No cumplían con los criterios de idoneidad: Algunos indicadores no respetaban las pautas generales de idoneidad establecidas en el Auto 480 de 2023, lo que significa que no eran adecuados para medir con precisión el avance en áreas clave.
- Omisión de indicadores para objetivos fundamentales: Los indicadores propuestos no incluían métricas para evaluar los objetivos constitucionales mínimos sexto, séptimo y octavo de la sentencia. Estos objetivos se refieren a la transparencia y la sostenibilidad de las políticas públicas, así como al diálogo genuino con el pueblo Wayuu, tres pilares fundamentales para garantizar el cumplimiento efectivo de los derechos.
- Falta de medición de áreas esenciales: La Corte también señaló que no se especificó cómo se mediría el impacto en áreas vitales para la población Wayuu, como el acceso al agua, la salud, la alimentación y la movilidad, que son esenciales para la vida digna en la región.
Participación y Socialización: Un Elemento Clave para el Éxito de las Políticas Públicas
Uno de los aspectos más críticos señalados por la Corte fue la ausencia de participación activa de las organizaciones de la sociedad civil y de la población Wayuu en el proceso de formulación y evaluación de los indicadores. Según la Corte, no se presentó evidencia de que las organizaciones que acompañan el proceso de seguimiento al ECI, ni el pueblo Wayuu en los municipios de Riohacha, Manaure, Maicao y Uribia, hayan sido consultados adecuadamente sobre la batería de indicadores.
La Corte también destacó la necesidad de socializar estos indicadores con la comunidad, un paso esencial para garantizar que las políticas públicas sean efectivas y estén alineadas con las realidades y necesidades del pueblo Wayuu. La participación activa no solo fortalece la confianza en las autoridades, sino que asegura que las medidas adoptadas respondan de manera precisa a las necesidades locales.
Un Plazo para la Reformulación
Frente a estas deficiencias, la Corte ordenó a la Consejería Presidencial para las Regiones que, como coordinadora del Mecanismo Especial de Seguimiento y Evaluación de las Políticas Públicas (MESEPP), presente, en un plazo de tres meses, una versión reformulada de los indicadores. En esta reformulación, deberán tomarse en cuenta las observaciones de la Corte, así como los aportes de otras entidades como la Procuraduría General de la Nación, la Defensoría del Pueblo y las organizaciones sociales que han trabajado en el seguimiento del cumplimiento de la sentencia.
El plan reformulado debe incluir también una estrategia detallada para socializar la batería de indicadores con la población Wayuu. Esta socialización es clave para que la comunidad pueda conocer y entender cómo se mide el avance en la superación del ECI y cómo pueden involucrarse en el proceso.
Detalles de Fondo: El Impacto en la Comunidad Wayuu
La superación del ECI en La Guajira es una tarea que involucra a múltiples actores y que tiene un impacto directo sobre la vida de miles de personas. El pueblo Wayuu, una de las comunidades indígenas más grandes de Colombia, ha enfrentado durante décadas graves vulneraciones a sus derechos fundamentales. El acceso al agua potable, la salud, la alimentación y la educación ha sido históricamente limitado, y las políticas públicas, en muchos casos, no han logrado una implementación efectiva.
La sentencia T-302 de 2017 marcó un hito en el reconocimiento de estos derechos y estableció una hoja de ruta para la intervención del Estado en la región. Sin embargo, la efectividad de estas políticas depende de una adecuada medición de su impacto, algo que no se había logrado con la batería de indicadores propuesta.
El ajuste de los indicadores, por tanto, no es solo una cuestión técnica. Su reformulación tiene la misión de garantizar que las intervenciones del Estado estén orientadas a resolver problemas reales de la población y que, finalmente, contribuyan a superar el ECI en La Guajira.
Un Paso Hacia la Garantía de los Derechos del Pueblo Wayuu. La reforma de la batería de indicadores propuesta por la Corte Constitucional es una medida necesaria para garantizar que las políticas públicas en La Guajira respondan a las necesidades de la población Wayuu y logren superar el ECI de manera efectiva. A través de este ajuste, se busca asegurar que el impacto de las acciones del Estado pueda medirse adecuadamente en áreas críticas como agua, salud, alimentación y movilidad.
Esta decisión reafirma el compromiso del Estado con los derechos humanos de las comunidades vulnerables, pero también pone de relieve la importancia de la participación activa de las comunidades en la formulación y evaluación de las políticas que las afectan. Solo con un enfoque inclusivo y transparente se podrá garantizar que las medidas adoptadas sean sostenibles y efectivas en el tiempo.
¿Qué opinas sobre la reforma de los indicadores para medir el avance en la superación del ECI en La Guajira? ¿Crees que la participación de las comunidades es clave para el éxito de las políticas públicas? ¡Déjanos tu comentario y comparte tu perspectiva!
⚪ Glosario jurídico:
- Batería de indicadores de goce efectivo de derechos (IGED): conjunto de herramientas para medir el impacto de las políticas públicas en la materialización de derechos.
- ECI: decisión emitida por la Corte Constitucional frente a una vulneración sistemática, prolongada, masiva y constante de los derechos fundamentales de un grupo plural de personas, para cuya solución se requiere la intervención de distintas entidades estatales.
- MESEPP: órgano para la coordinación de las políticas públicas orientadas a la superación del ECI en Manaure, Maicao, Riohacha y Uribia, cuya formulación y puesta en funcionamiento fue ordenada por la Corte en la sentencia T-302 de 2017.
- Objetivos constitucionales mínimos: principios y reglas de naturaleza constitucional que orientan las medidas adecuadas y necesarias de las autoridades obligadas al cumplimiento de la Sentencia T-302 de 2017 deben adoptar conforme a sus competencias.
- Objetivo constitucional mínimo sexto: garantizar la imparcialidad y la transparencia en la asignación de beneficios y en la selección de contratistas, de acuerdo con la Sentencia T-302 de 2017.
- Objetivo constitucional mínimo séptimo: garantizar la sostenibilidad de todas las intervenciones estatales, de acuerdo con la Sentencia T-302 de 2017.
- Objetivo constitucional mínimo octavo: garantizar un diálogo genuino con las autoridades legítimas del pueblo Wayuu, de acuerdo con la Sentencia T-302 de 2017.
🟡 La Sala Especial de Seguimiento a la Sentencia T-302 de 2017 ordena reformular la batería de indicadores para medir el avance en la superación del ECI en La Guajira
La Sala Especial dispuso ajustar la batería de indicadores de goce efectivo de derechos (IGED) presentada por la Consejería Presidencial para las Regiones en cumplimiento del Auto 480 de 2023, que ordenó su formulación, pues algunos de los indicadores no cumplen los criterios generales de idoneidad desarrollados en el Auto 480 de 2023 ni los elementos de cada objetivo constitucional mínimo.
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