El senador Guido Echeverri instaló la Comisión Accidental de seguimiento a la Ley de Competencias y pidió al Gobierno radicar, sin más demoras, el proyecto que definirá cómo se distribuirán recursos y funciones entre la Nación y los territorios. El plazo vence el 27 de diciembre y la descentralización está en riesgo.
Bogotá se convirtió en el epicentro del más profundo debate territorial desde la Constitución de 1991. Mientras el Gobierno Nacional aún no radica el proyecto de Ley de Competencias —clave para definir quién hace qué y con qué recursos en salud, educación y otras funciones públicas— el senador caldense Guido Echeverri instaló la Comisión Accidental encargada de vigilar el proceso. La preocupación es seria: el plazo para radicar vence el 27 de diciembre, no hay arquitectura metodológica clara, y el borrador inicial del Gobierno fue criticado por falta de rigor técnico. Los territorios advierten que, sin una ley bien diseñada, la reforma al Sistema General de Participaciones podría terminar profundizando la crisis financiera histórica que enfrentan gobernaciones, alcaldías y distritos.
I. La Ley de Competencias: la pieza que falta para que funcione la reforma territorial
La Ley de Competencias es, literalmente, la bisagra que determina cómo se distribuyen las funciones del Estado y qué entidad —Nación, departamento, municipio o distrito— asume la responsabilidad de ejecutar cada política pública. Ninguna reforma al Sistema General de Participaciones (SGP) puede funcionar sin esta ley, porque el SGP fija cuánto dinero llega a los territorios, pero la Ley de Competencias fija qué deben hacer con ese dinero.
El acto legislativo aprobado en 2024, de autoría del senador Guido Echeverri, aumentó gradualmente la participación territorial del 23,4 % al 39,5 % de los Ingresos Corrientes de la Nación durante los próximos 12 años. Es una transformación gigantesca: significa mover miles de millones de pesos desde la Nación hacia departamentos, municipios y distritos.
Pero ese aumento de recursos solo tiene sentido si los territorios también reciben, con claridad, las funciones, responsabilidades, indicadores y metodologías para ejecutarlos correctamente. Eso es lo que debe establecer la Ley de Competencias.
A falta de esa ley, la reforma territorial queda coja.
Por eso, la Comisión Accidental instalada por Echeverri se anticipa: es el mecanismo político para vigilar un proceso que debería estar en marcha, pero que aún no existe formalmente en el Congreso.
📦 CÁPSULA EXPLICATIVA — ¿Qué es la Ley de Competencias?
Es la norma que define:
- qué funciones asume la Nación,
- cuáles corresponden a departamentos,
- qué responsabilidades tienen los municipios,
- y cómo se financian esas funciones.
Sin esta ley, no existe un marco técnico que permita distribuir recursos ni evaluar capacidades territoriales.
II. Senadores de varias bancadas: “el tiempo se está acabando”
Durante la instalación de la Comisión Accidental, diez congresistas acompañaron al senador Echeverri. El mensaje fue unánime: el Gobierno debe radicar el proyecto ya.
La fecha límite —27 de diciembre— coincide con el cierre del período legislativo y con una de las ventanas más críticas del calendario fiscal. Si el proyecto no entra antes de esa fecha, todo el trámite se aplaza, retrasando la ejecución de la reforma al SGP.
Y aplazar esta ley equivale, en términos prácticos, a aplazar la descentralización.
Los senadores señalaron que el Gobierno Nacional no solo no ha radicado el texto, sino que el borrador presentado en espacios preliminares carece de sustento técnico. No hay claridad sobre indicadores, metodologías, variables, ponderaciones ni fuentes de información.
Sin esa precisión, un tema tan complejo como la redistribución territorial se convierte en un riesgo.
Los congresistas fueron explícitos: el Gobierno debe entregar el proyecto de ley completo, con soporte técnico, y debe hacerlo antes de que el reloj legislativo cierre definitivamente.
III. Un proyecto que podría transformar al país más que cualquier reforma reciente
La Comisión Accidental fue clara: si la Ley de Competencias avanza correctamente, Colombia vivirá la transformación territorial más importante desde la Constitución de 1991.
El argumento es matemático: pasar del 23,4 % al 39,5 % de los Ingresos Corrientes de la Nación en manos de los territorios es un reordenamiento del poder fiscal del país.
Pero la magnitud de la reforma también implica riesgos.
El senador Guido Echeverri, uno de los mayores defensores de la autonomía territorial, lo explicó sin eufemismos: una reforma de esta naturaleza implica necesariamente una “pérdida de poder del Estado central”. Y eso, en términos políticos, nunca es fácil.
Por eso la ley necesita rigor, transparencia y participación.
📦 CÁPSULA EXPLICATIVA — ¿Qué pasa si no se radica en diciembre?
- El Congreso no puede debatir una ley inexistente.
- La reforma al SGP queda parcialmente suspendida.
- Los territorios siguen sin hoja de ruta técnica.
- El déficit estructural continúa creciendo.
- La descentralización pierde inercia política.
IV. El déficit estructural del SGP: una bomba que crece desde hace décadas
Uno de los argumentos más potentes de la Comisión Accidental es que el país no puede seguir aplazando la discusión técnica. El SGP ya tiene un déficit anual estimado en 62 billones de pesos, según la Federación Nacional de Departamentos (FND). Es un hueco que no nació ayer: lleva décadas creciendo.
Los datos presentados durante la sesión son contundentes:
1. El sistema está desfinanciado
El SGP nunca creció al ritmo de las necesidades reales. Mientras la población aumentaba, los costos laborales subían y las demandas territoriales se multiplicaban, el sistema permaneció rígido.
2. El sector educativo es el más golpeado
En 2024, el déficit estructural de educación alcanzó $3,3 billones.
Las razones:
- ascensos en el escalafón,
- nivelaciones salariales,
- bonificaciones,
- y el crecimiento natural de la planta docente.
De hecho, entre 2010 y 2020:
- el SGP solo creció un 38 %,
- pero los costos laborales aumentaron 55 %.
En 2010, el 70 % del componente de prestación del servicio se iba en personal.
En 2020, ya era el 78 %.
Con ese escenario, el aumento del 29 % para educación dentro del SGP se vuelve urgente, pero insuficiente sin una Ley de Competencias que establezca cómo se manejarán los fondos y quién responde por qué.
📦 CÁPSULA EXPLICATIVA — ¿Qué es el “déficit estructural”?
Es un hueco financiero que no se soluciona con ajustes o recortes temporales.
Es un desbalance permanente entre:
- lo que cuesta prestar el servicio,
- y los recursos disponibles.
En educación, ese déficit no se puede corregir sin revisar funciones, responsabilidades y fuentes de financiación.
V. La advertencia de la FND: “El borrador del Gobierno no tiene soporte técnico”
Uno de los momentos más tensos de la sesión fue la advertencia de la Federación Nacional de Departamentos. Según la entidad, el borrador del Gobierno Nacional:
- carece de sustento técnico,
- omite una evaluación real del déficit,
- no ofrece indicadores verificables,
- profundiza la desfinanciación,
- y recentraliza decisiones.
El subdirector de Fortalecimiento Territorial de la FND, Raúl Castellanos, fue especialmente claro: aun si la participación territorial llega al 39,5 % de los Ingresos Corrientes de la Nación, los recursos seguirían siendo insuficientes sin una revisión estructural de funciones.
Lo dijo con datos:
“El SGP enfrenta un déficit anual estimado en 62 billones. Aun con la nueva participación, los recursos no cubrirán las competencias actuales ni las nuevas que introduce el acto legislativo”.
Pero el punto más grave es la recentralización: el borrador del Gobierno no define qué funciones dejará de asumir la Nación, incumpliendo el principio de neutralidad fiscal. Si la Nación no suelta funciones, la reforma es incompleta.
VI. ¿Qué está pidiendo exactamente la Comisión Accidental?
Las solicitudes centrales son tres:
1. Radicar el proyecto YA
Sin proyecto no hay debate. Sin debate no hay ley.
2. Presentar todos los documentos técnicos
Metodologías, diagnósticos, indicadores, modelos de distribución, criterios de evaluación, fuentes de información.
3. Garantizar participación de academia y centros de pensamiento
No basta con equipos técnicos del Gobierno. La reforma requiere voces independientes.
📦 CÁPSULA EXPLICATIVA — ¿Qué es la “neutralidad fiscal”?
Es un principio según el cual ninguna reforma puede asignar nuevas funciones sin asignar los recursos necesarios para cumplirlas.
Si un nivel del Estado recibe funciones sin presupuesto, la reforma es regresiva, no descentralizadora.
VII. La voz de Echeverri: técnica con visión territorial
Guido Echeverri, gobernador en dos períodos, exalcalde, académico y hoy senador, es una de las voces más experimentadas en descentralización. En su intervención, sintetizó el espíritu de la reforma:
“Cualquier reorganización del Estado para fortalecer la descentralización implica una pérdida de poder del Estado central; es natural. Así nació la descentralización”.
Su llamado no fue solo político: fue metodológico.
Pidió que los centros de pensamiento y la academia participen activamente en la construcción de la ley:
“El rigor técnico debe complementar el debate, más no imponerlo”.
Es una frase que define el equilibrio deseado:
- ni una ley escrita desde un escritorio ministerial,
- ni un proceso político improvisado,
- sino una combinación seria de técnica, autonomía y visión regional.
VIII. ¿Qué falta por definir? Mucho más de lo que parece
En el borrador preliminar —criticadísimo— faltan elementos esenciales:
- Indicadores específicos para medir la capacidad institucional.
- Variables concretas de evaluación territorial.
- Metodologías comparables para todos los departamentos.
- Fuentes de información oficiales para sustentarlas.
- Ponderaciones claras entre variables.
- Criterios de distribución transparentes.
- Un marco de transición gradual para no desfinanciar sectores.
- Definiciones funcionales sobre qué hará la Nación y qué dejará de hacer.
Es decir: falta la columna vertebral.
El subdirector de Saneamiento Fiscal Territorial, Ismael Antonio Molina, aseguró que el proyecto —con estudios incluidos— se radicará la próxima semana. La Comisión recibió la respuesta con prudencia.
IX. ¿Qué está en juego? El mapa operativo del Estado
Lo que viene no es una ley cualquiera. Es una norma que define:
- quién contrata docentes,
- quién financia hospitales,
- quién sostiene programas sociales,
- quién planifica inversión,
- quién ejecuta obras,
- quién controla,
- quién evalúa,
- quién recauda,
- quién responde por la calidad y la cobertura.
Es el esqueleto funcional del Estado.
Y ese es el punto: una reforma de esta magnitud no puede improvisarse.
X. Una carrera contra el reloj, y contra la improvisación
La instalación de la Comisión Accidental marca un punto de quiebre. El mensaje al Gobierno es nítido: la descentralización no espera, y tampoco debería hacerse con documentos incompletos o metodologías ambiguas. Los territorios piden rigor, recursos, claridad y una arquitectura institucional que no agrave los déficits sino que los cierre.
El senador Guido Echeverri fue directo:
la descentralización no es un capricho, es una condición para modernizar el Estado, equilibrar el presupuesto territorial y hacer posible que salud, educación y programas sociales funcionen con autonomía y recursos suficientes.
El reloj corre hacia el 27 de diciembre.
Y la pregunta sigue en el aire:
¿radicará el Gobierno la Ley de Competencias a tiempo y con el rigor técnico que el país necesita?
Fuente: Senador Guido Echeverri hace un llamado de urgencia al Gobierno Nacional para que radique la Ley de Competencias. Comunicado de Prensa – Guido Echeverri Piedrahita, Senador de la República de Colombia – Bogotá, 20 de noviembre de 2025 (Prensa, Senado).
