Entre el Puente y el Cartel: Ensayo sobre Espacio, Promesa y Presencia

Un puente amarillo sobre un canal en Viterbo, Caldas, separa dos mundos: arriba, un cartel promociona lotes campestres como símbolo de progreso; abajo, ropa colgada revela una vida en situación de calle. Esta imagen, capturada el 7 de noviembre de 2025, expone la tensión entre el desarrollo inmobiliario y la marginalidad.

La fotografía documenta cómo el discurso del crecimiento económico —encarnado en anuncios de vivienda de lujo— coexiste con la precariedad humana en espacios periurbanos colombianos. A través de una mirada crítico-narrativa, este análisis explora las dinámicas de gentrificación rururbana, la resiliencia de los grupos excluidos y la crisis de la planificación territorial, cuestionando quién realmente tiene derecho a habitar la ciudad.

La escena parece sencilla: un puente peatonal pintado de amarillo, un conjunto de árboles enmarcando el paisaje, un anuncio inmobiliario que promociona lotes campestres, y debajo del puente, ropa colgada, quizás de alguien que encontró allí un lugar para habitar, aunque sea de manera temporal. Sin embargo, como advierte Henri Lefebvre, “el espacio no es un vacío neutro; es producido, negociado, vivido” (La producción del espacio, 1974). Lo que vemos en esta imagen es precisamente un espacio atravesado por fuerzas sociales y económicas que coexisten sin tocarse, un paisaje aparentemente silencioso donde se enfrentan dos lógicas del habitar: la promesa de propiedad y la realidad de la subsistencia.

La promesa inmobiliaria como narrativa

El cartel publicitario no vende únicamente tierra. Siguiendo a David Harvey, podríamos decir que vende “una representación del futuro deseable” (Ciudades Rebeldes, 2012). El lenguaje visual del anuncio es pulcro, optimista y aspiracional: lotes amplios, arquitectura moderna, verde controlado. Se proyecta una idea de bienestar que descansa en la adquisición: pertenecer es poseer. El eslogan “a solo 5 minutos de…” inserta la oferta en una geografía simbólica, conectándola no solo con una ubicación real, sino con una identidad cultural y un imaginario colectivo: cercanía a un lugar icónico, conocido, reconocido.

El puente, entonces, se vuelve más que infraestructura. Se convierte en metáfora del tránsito hacia un supuesto orden superior de vida. Es un umbral. Un promotor silencioso de movilidad ascendente.

El habitar improvisado como acto de presencia

Pero debajo del puente ocurre otra historia. Allí donde el anuncio ofrece futuro, la ropa colgada expresa presente. Un presente precario, pero concreto. Michel de Certeau lo diría de modo sencillo: “habitar es hacer uso del espacio” (La invención de lo cotidiano, 1980). Quien colgó esa ropa ha transformado el puente —diseñado como estructura de paso— en un espacio de permanencia. Ha reconfigurado el sentido original del lugar.

Este acto, que a simple vista podría considerarse “marginal” o “informal”, es en realidad una práctica sofisticada de adaptación. Es una manera de decir: “No tengo casa, pero tengo lugar.” En ciudades latinoamericanas, estas ocupaciones no son excepcionales sino estructurales, como lo analiza Teresa Caldeira en Ciudad de Muros (2000). La ciudad moderna, diseñada para la separación y el control, genera al mismo tiempo prácticas que la desbordan y la reinterpretan.

La ropa colgada bajo el puente no es solo señal de carencia. Es señal de resistencia.

La ciudad como escenario de exclusiones visibles e invisibles

La escena revela una tensión profunda entre dos modos de concebir la ciudad:

David Harvey describe esto como “la contradicción urbana contemporánea”: ciudades que prometen inclusión mediante el mercado, pero que producen exclusión mediante el mismo mecanismo. El desarrollo urbano, especialmente el marcado por la expansión inmobiliaria, tiende a invisibilizar —o desplazar— a quienes no encajan en la narrativa del progreso.

La ropa colgada bajo el puente es incómoda no porque sea antiestética, sino porque recuerda aquello que el cartel quiere borrar: que el acceso a la vivienda digna es todavía un privilegio, no un derecho universal.

¿Quién tiene derecho a estar en el paisaje?

La pregunta que emerge es la que formuló Lefebvre en 1968: ¿quién tiene derecho a la ciudad?
No solo derecho a caminarla o trabajarla, sino derecho a habitarla, a inscribir la vida sobre ella, a ser parte de su forma y de su memoria.

En la imagen, el puente separa dos mundos, pero también los conecta. El puente no es solo estructura física; es frontera social.

• Arriba: la vida regulada, deseada, proyectada.
• Abajo: la vida que debe adaptarse a los intersticios del orden urbano.

Ambas existen simultáneamente. Ambas son ciudad. Pero una es visible y celebrada. La otra, tolerada o negada.

Una ética de la mirada

La fotografía no acusa ni romantiza. Solo presenta. Pero ver es ya una responsabilidad. La filósofa Judith Butler ha argumentado que la visibilidad es condición para la existencia política: lo que no se ve, no se considera; lo que no se considera, no se protege.

Esta imagen nos obliga a ver aquello que la planificación urbana intenta ocultar bajo la categoría de “informalidad” o “ocupación indebida”. Nos obliga a reconocer que el derecho a habitar es más amplio que el derecho a comprar.

Entre el Puente y el Cartel: Un Análisis Crítico de la Tensión Espacial en Viterbo, Caldas

La fotografía captura un momento aparentemente trivial: un puente peatonal pintado de amarillo atraviesa un canal poco profundo, mientras bajo él cuelga ropa, quizás de alguien en situación de calle [[6]]. En el fondo, un cartel publicitario anuncia “lotes campestres”, promocionando terrenos cerca de “Hacienda Nápoles” [[6]]. A primera vista, dos realidades dispares coexisten sin diálogo. Sin embargo, esta escena es mucho más que una composición visual; es un microcosmos que encapsula una tensión silenciosa pero profunda que atraviesa numerosas realidades urbanas y periurbanas en América Latina [[6]]. Es un ensayo sobre contrates invisibles, donde la promesa económica codificada en el anuncio convive con la práctica popular y de supervivencia materializada en la ropa colgada. Este reporte de investigación profundiza en esta dualidad, utilizando referentes académicos y un análisis contextualizado del municipio de Viterbo, Departamento de Caldas, Colombia. Se examinará cómo el espacio no es un vacío neutro, sino un campo de batalla donde se producen, negocian y disputan distintas visiones de la ciudad, la propiedad y la dignidad humana. A través de una lente crítico-social, periodística-narrativa, se desentrañará la compleja interacción entre el capitalismo inmobiliario, la resiliencia de los grupos marginados, la crisis de la planificación territorial y la persistente búsqueda del derecho a habitar.

El Paisaje de la Promesa: Capitalismo Inmobiliario y Producción de un Futuro Deseable

El cartel publicitario en la imagen no es un mero objeto decorativo; es el vehículo de una poderosa narrativa diseñada para seducir y persuadir, una manifestación tangible del capitalismo inmobiliario contemporáneo. Su mensaje, “Lotes campestres a solo 5 minutos de Hacienda Nápoles”, trasciende la venta de un pedazo de tierra para ofrecer un proyecto de vida, una identidad y un lugar en la sociedad [[6,41]]. Siguiendo la perspectiva de David Harvey, estos anuncios venden “una representación del futuro deseable”, un ideal de bienestar que se construye sobre la premisa de la adquisición y la posesión [[6]]. La elección de términos como “campestres”, “descanso” y “progreso” activa un imaginario colectivo que posiciona la propiedad rural como una solución a las ansiedades de la vida urbana moderna: el ruido, la contaminación y la densidad poblacional [[6,41]]. Se vende no solo el acceso a la naturaleza, sino también un estatus social asociado al control y la dominación del entorno natural, una forma de reafirmar la jerarquía social a través de la propiedad de la tierra.

Este tipo de marketing inmobiliario está arraigado en dinámicas económicas nacionales e internacionales. El mercado de bienes raíces en Latinoamérica se encuentra en plena expansión, con una proyección de crecimiento del 8.32% anual entre 2025 y 2030, elevando su valor de 517.52 mil millones de dólares en 2025 a 771.74 mil millones para 2030 [[6]]. Colombia es un actor clave en este panorama, impulsado por la estabilidad política y un marco legal favorable que atrae tanto a inversores domésticos como internacionales [[6]]. La demanda se ve estimulada por políticas gubernamentales como “Cambia Mi Casa”, que busca mejorar la vivienda de más de 400,000 hogares vulnerables, y por tendencias demográficas como la creciente urbanización y la expansión de segmentos de clase media [[6]]. El segmento de apartamentos y condominios domina el mercado latinoamericano, representando el 59% del valor total en 2024, y se expande casi un 5% anualmente en países como Brasil, México y Colombia [[6]]. Esta misma lógica se extiende al sector residencial de segunda residencia y rural, donde plataformas de venta de propiedades refuerzan una narrativa de inversión y calidad de vida, promocionando “country properties”, “land lots with a view of Guatavita Lake” o “rural lots” con vistas panorámicas, acceso a servicios básicos y potencial de plusvalía [[39,40,41,43,44]]. Los precios varían drásticamente, desde lotes pequeños de 200 m² en Florencia por unos 7,000 USD hasta propiedades de lujo de 13 hectáreas en Sopetrán por 550 millones de pesos colombianos, lo que demuestra la diversidad de mercados que convergen en la revalorización del suelo periurbano [[41]].

Desde la perspectiva teórica de Henri Lefebvre, el espacio no es un tablero pasivo sobre el cual se desarrollan las historias humanas, sino algo que es producido activamente [[6]]. El cartel es un claro ejemplo de producción de espacio. Utiliza herramientas discursivas y visuales pulcras, optimistas y aspiracionales para crear un paisaje idealizado, un mundo donde la naturaleza está domesticada, el tiempo transcurre lentamente y la felicidad reside en la posesión de un trozo de territorio [[6]]. Este proceso excluye deliberadamente las complejidades, las contradicciones y las tensiones sociales que existen en la realidad. El puente, por su parte, se transforma en una metáfora perfecta de este viaje hacia el futuro deseable. No es simplemente una estructura de paso; es un umbral, un promotor silencioso de movilidad ascendente, un símbolo del tránsito desde una realidad percibida como precaria hacia un estado superior de vida y seguridad [[6]]. La baranda amarilla del puente, entonces, funciona no solo como una barrera física, sino también como una frontera simbólica que separa el universo regulado y deseado del cartel de la vida que ocurre en sus intersticios [[6]]. La producción de este espacio prometedor depende de una serie de mecanismos legales y financieros que permiten a los municipios capturar parte del valor añadido de la tierra. En Colombia, la Ley 388 de 1997 establece principios fundamentales como el Social y Ecológico de la Propiedad, la prevalencia del interés general y la distribución equitativa de costos y beneficios [[18]]. Una de las herramientas clave es la Plusvalía, que permite a los municipios capturar una parte del aumento del valor de la tierra derivado de inversiones públicas o cambios en el zonamiento [[18]]. Esto crea un ciclo virtuoso para los promotores: al obtener permisos de construcción que reclasifican la tierra de rural a urbana, el valor catastral aumenta, generando mayores impuestos prediales. Si el propietario no puede asumir este costo, queda expuesto a la venta forzada a inversores o desarrolladores, quienes obtienen la tierra a un precio bajo para luego construir y venderla a precios mucho más altos, beneficiándose de la plusvalía generada por la propia decisión pública de permitir el desarrollo [[10,12]]. Este mecanismo, aunque legal, facilita un proceso de disposición de tierras que a menudo afecta desproporcionadamente a los campesinos y agricultores de menor escala, empujándolos fuera de sus territorios tradicionales [[10]]. El caso de La Florida en Villamaría, Caldas, ilustra esta dinámica: entre 2004 y 2015, mientras el número de familias campesinas nativas se reducía a solo dos, el valor de los lotes construidos superaba en miles de millones de pesos sus valores catastrales, evidenciando una desconexión flagrante entre la planificación local y la voracidad del mercado inmobiliario [[8]]. Así, la promesa del cartel no es gratuita; está sostenida por un aparato institucional que facilita la apropiación de tierras y la reconfiguración del paisaje a favor de intereses capitalistas, dejando a un lado las funciones sociales y ecológicas que la ley pretende proteger [[18]].

La Presencia Silenciosa: Resiliencia y Reivindicación del Derecho a Habitar

En marcado contraste con la promesa inmobiliaria que se dibuja en el cartel, la presencia de la ropa colgada debajo del puente representa una lógica de habitar radicalmente diferente: la de la subsistencia y la permanencia. Este acto, aparentemente simple y cotidiano, es, según la filosofa Judith Butler, una condición para la existencia política; aquello que no se ve, no se considera, y lo que no se considera, no se protege [[6]]. La persona que vive en este refugio improvisado es invisible para el anuncio, para el planificador urbano y, a menudo, para la sociedad en su conjunto. Sin embargo, su presencia es un testimonio inequívoco de las fallas estructurales del sistema de vivienda y una reivindicación silenciosa del derecho a ocupar el espacio público [[6]]. Como advierte Michel de Certeau, “habitar es hacer uso del espacio” [[6]]. Quien ha colgado esa ropa ha ejercido ese derecho de manera creativa y adaptativa, transformando una infraestructura diseñada para el tránsito —el puente— en un espacio de permanencia, privacidad y rutina [[6]]. Este uso informal del espacio no debe ser visto como un vandalismo o una señal de carencia, sino como una estrategia de supervivencia resiliente frente a la ausencia de alternativas habitacionales dignas [[14]].

Estas prácticas de habitar improvisado no son excepciones en América Latina, sino fenómenos estructurales que emergen de procesos de exclusión socioeconómica, migración forzada debido a conflictos armados y la falta de acceso a oportunidades de vivienda formal [[14,46]]. Según datos del Banco Mundial, uno de cada tres residentes urbanos en países en desarrollo vive en asentamientos informales, careciendo de servicios básicos y tenencia segura de la tierra [[24,25]]. Estos asentamientos, a pesar de su alta vulnerabilidad —ubicados frecuentemente en zonas de alto riesgo ambiental, con pobre acceso a infraestructura y servicios—, exhiben niveles sorprendentes de cohesión social y capacidades de contención y respuesta ante crisis [[22,23]]. La resiliencia comunitaria, definida como la capacidad de una comunidad para anticipar, responder y transformarse positivamente frente a perturbaciones, es un rasgo distintivo de muchos de estos espacios [[23]]. Por ejemplo, en Cali, comunidades como Pampas del Mirador han logrado organizar y gestionar parques comunitarios, aunque enfrenten tensiones internas y amenazas externas [[31]]. En Bogotá, proyectos como el “Camino Imaginado” transformaron más de 40,000 metros cuadrados de espacio público, mejorando el acceso a escuelas y recreación para unas 400,000 personas y empleando a jóvenes de sectores de riesgo [[24,25]]. Estos casos demuestran que la informalidad no es sinónimo de indefensión, sino que a menudo da lugar a formas innovadoras de gobernanza y solidaridad social.

La baranda amarilla del puente, por lo tanto, no solo funciona como una barrera literal, sino también como una frontera simbólica que separa dos modos de concebir la ciudad y el espacio público. Arriba, en el nivel del cartel, encontramos la vida regulada, deseada y proyectada por el mercado. Abajo, en el espacio subjetivo creado por la ropa colgada, se encuentra la vida que debe adaptarse a los intersticios del orden urbano [[6]]. Ambas existencias son simultáneas y constituyen partes indisolubles de la ciudad, pero una es visible y celebrada, mientras que la otra es tolerada o negada, clasificada como “informalidad” o “ocupación indebida” por las autoridades [[6]]. Esta dicotomía refleja una paradoja central del urbanismo contemporáneo descrita por David Harvey: ciudades que prometen inclusión a través del mercado, pero que, paradójicamente, generan exclusión a través del mismo mecanismo [[6]]. El derecho a habitar, entendido no solo como tener un techo, sino como tener un lugar en la ciudad, un territorio propio y la capacidad de participar en su configuración, es un derecho que va mucho más allá del derecho a comprar [[6]]. La imagen obliga a confrontar esta verdad incómoda: el acceso a la vivienda digna sigue siendo un privilegio, no un derecho universal [[6]]. La presencia de la ropa colgada es una protesta silenciosa contra una ciudad que parece estar construida sobre la exclusión. Al visibilizar esta presencia, la fotografía invita a una “ética de la mirada”, un acto de responsabilidad que reconoce la legitimidad de formas de habitar diferentes a las que promueve el desarrollo económico oficial [[6]]. Este acto de ver, lejos de acusar o romantizar, consiste en reconocer la complejidad del tejido urbano y plantear la pregunta fundamental formulada por Lefebvre en 1968: ¿quién tiene derecho a la ciudad? [[6]].

Gentrificación Rururbana y Crisis de la Planificación Territorial en Caldas

La ubicación de la imagen en Viterbo, Departamento de Caldas, es crucial para comprender la profundidad de la tensión que representa. Viterbo es un municipio predominantemente agrícola, cuya economía se basa en cultivos como la caña de azúcar, maíz, cítricos y frutales tropicales, así como en la ganadería extensiva [[19]]. Sin embargo, su geografía lo sitúa estratégicamente en la zona de convergencia de importantes centros urbanos como Pereira, Manizales, Cali y Medellín, lo que lo convierte en un área susceptible a los efectos de la expansión urbana y la gentrificación rururbana [[19]]. Este fenómeno, definido como el “retorno al campo” objetivado en torno a un modo de vida urbano, se manifiesta en la valorización del suelo rural como si fuera urbano, generando un impacto residencial y marcando físicamente el paisaje sin una planificación adecuada [[8]]. El cartel publicitario de “lotes campestres” cerca de “Hacienda Nápoles” no es meramente un acto comercial, sino un catalizador directo de este proceso, promoviendo un cambio de uso del suelo desde productivo (agricultura, pecuario) hacia residencial de alto valor, lo que inevitablemente presiona sobre la tenencia de la tierra y los modos de vida locales [[8,41]].

Los estudios realizados en municipios caldenses cercanos confirman la virulencia de este proceso. En La Florida, un corredor viales de Villamaría, entre 2004 y 2015, el número de viviendas aumentó de 170 a 1,156, mientras que el número de familias campesinas nativas se redujo a tan solo dos [[8]]. El valor de mercado de los lotes construidos se disparó, llegando a superar en magnitudes su valor catastral, lo que evidencia una desconexión alarmante entre el valor real del mercado y la planificación local [[8]]. Este fenómeno se ve exacerbado por políticas de ordenamiento territorial que, en la práctica, son ineficaces para contener el crecimiento desordenado. El Acuerdo 070 de 2007 en Villamaría clasificó suelos de expansión, pero el Plan de Ordenamiento Territorial (PBOT) nunca fue actualizado tras la Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial (LOOT) de 2011, lo que permitió una transformación territorial descontrolada impulsada por el mercado [[8]]. De manera similar, en Cerritos, cerca de Pereira, la población proyectada en la zona rural aumentó significativamente entre 2005 y 2015, con un flujo constante de licencias para vivienda unifamiliar que desplazó actividades agrícolas como la piña y la ganadería [[8]]. El POT de Pereira, aunque existía, no establecía límites claros ni contaba con mecanismos de monitoreo efectivos, permitiendo una expansión urbana no controlada [[8]]. Estos casos demuestran que la gentrificación rururbana no es un proceso abstracto, sino una realidad tangible en Caldas, con consecuencias directas sobre las comunidades rurales y la disponibilidad de tierra para la producción alimentaria.

Esta problemática está intrínsecamente ligada a una profunda crisis de la planificación territorial en Colombia. Aunque las leyes nacionales, como la Ley 388 de 1997, establecen principios sólidos como el Social y Ecológico de la Propiedad y la Equitable Distribución de Beneficios, su implementación en los municipios es deficiente y fragmentada [[9,18]]. Investigaciones recientes han documentado que muchos Planes de Ordenamiento Territorial (POT) en Colombia son obsoletos, carecen de metodologías empíricas robustas para calcular las necesidades futuras de expansión y están plagados de incoherencias normativas que debilitan la capacidad de los gobiernos locales para regular el desarrollo [[15]]. Un estudio sobre cinco grandes áreas metropolitanas encontró que ninguno de los 26 POT analizados utilizó datos empíricos para calcular las necesidades de expansión, y que un gran porcentaje de la nueva urbanización (entre el 49% y el 59%) ocurrió en tierras rurales no preparadas para el desarrollo, lo que genera problemas de infraestructura, baja densidad y encroachment en sitios sensibles [[15]]. Solo una fracción de la expansión se gestiona en áreas planificadas, lo que fomenta la proliferación de asentamientos informales y la especulación inmobiliaria [[15]].

El problema se agrava por la “ordinaria” apropiación de tierras, un proceso gradual y menos visible que ocurre en áreas periurbanas, impulsado por la competencia entre el desarrollo urbano, la minería, la agricultura y la conservación ambiental [[9,10]]. En municipios como Sogamoso, Boyacá, esta competencia se ve facilitada por una fuerte incoherencia vertical y horizontal en las políticas públicas. Las decisiones nacionales sobre conservación de páramos o asignación de reservas mineras a menudo invalidan los planes municipales, creando una incertidumbre normativa que permite a los inversores y desarrolladores aprovecharse a expensas de los agricultores [[10,12]]. Además, la incapacidad técnica de los municipios, la clientela política y la falta de procesos participativos genuinos erosionan la confianza en las instituciones y limitan la capacidad de los gobiernos locales para gestionar sus territorios de manera sostenible [[10,12]]. En este contexto, la imagen de Viterbo se convierte en una metáfora visual de esta crisis institucional. El cartel publicitario representa la fuerza del mercado inmobiliario, un actor que opera con éxito dentro de un marco normativo débil y contradictorio. La ropa colgada, por otro lado, simboliza a los habitantes, especialmente a los agricultores y campesinos, que son los principales perdedores de este juego, cuyos territorios y medios de vida se ven amenazados por una planificación que prioriza la plusvalía económica sobre la justicia social y la sostenibilidad ecológica. La ausencia de un verdadero derecho a la ciudad para estos grupos se manifiesta en su vulnerabilidad ante la especulación y su incapacidad para defender sus derechos de tenencia y uso del suelo [[10,12]].

La Ciudad Dividida: Dos Lógicas Antagónicas de Ocupación del Territorio

La imagen de Viterbo encapsula una profunda contradicción urbana que define muchas ciudades latinoamericanas: la coexistencia de dos lógicas de habitar antagónicas que compiten por el mismo territorio. Por un lado, tenemos la lógica aspiracional del desarrollo inmobiliario, codificada en el cartel. Por otro, la lógica de subsistencia de la vida cotidiana, materializada en la ropa colgada. Estas dos lógicas no solo coexisten, sino que se definen mutuamente a través de una tensión continua. La primera produce activamente la invisibilidad de la segunda, mientras que la segunda sirve como un recordatorio incómodo de las fallas y exclusiones inherentes al proyecto de la primera. Para comprender esta dualidad, es útil contrastarlas en varias dimensiones clave, tal como lo sugiere la tensión entre la promesa de propiedad y la realidad de la subsistencia.

Esta tabla ilustra que no se trata de dos mundos que simplemente coexisten, sino de dos proyectos urbanos opuestos que chocan frontalmente. La lógica del cartel busca crear un espacio limpio, ordenado y homogéneo, diseñado para la circulación del capital y la reproducción de clases medias y altas [[6]]. Para ello, debe eliminar todo aquello que no se ajuste a su modelo: la pobreza visible, la informalidad, la precariedad. La persona que habita bajo el puente, con su ropa colgada, representa precisamente esa alteridad que el proyecto de desarrollo intenta suprimir. Su presencia es “incómoda no porque sea antiestética, sino porque recuerda aquello que el cartel quiere borrar: que el acceso a la vivienda digna es todavía un privilegio, no un derecho universal” [[6]]. Este choque de lógicas es un reflejo de la “contradicción urbana contemporánea” descrita por David Harvey, donde el motor principal del progreso —el mercado inmobiliario— también es la principal fuente de exclusión y segregación [[6]].

Las consecuencias de esta división son profundas y van más allá de la mera falta de vivienda. Generan una fractura en la ciudad, donde un grupo de ciudadanos disfruta de los beneficios del desarrollo (infraestructura, servicios, seguridad) mientras que otro es relegado a los márgenes, expuesto a condiciones de vida precarias y a la violencia simbólica de la invisibilidad [[28]]. En ciudades como Bogotá, esta dinámica se ha manifestado históricamente en proyectos de revitalización que, bajo el discurso de la “vida urbana” y la “vitalidad”, han sido utilizados para justificar la expulsión de personas sin hogar, comerciantes ambulantes y otros grupos vulnerables, presentándolos como “agentes de inseguridad y desorden” que deben ser “limpiados” del espacio público [[28]]. Este fenómeno, denominado “revanchismo urbano”, utiliza un discurso de inclusión y modernización para llevar a cabo acciones de exclusión física y social [[28]]. La imagen de Viterbo, aunque más sutil, es un precursor de esta dinámica: el cartel promete un futuro ordenado y limpio, y para que ese futuro pueda existir, la realidad desordenada y “sucia” que existe debajo del puente debe ser ignorada o eliminada. La pregunta que emerge, siguiendo a Henri Lefebvre, es fundamental: ¿quién tiene derecho a la ciudad? [[6]]. La respuesta que ofrece la imagen es que la ciudad que se construye sobre la exclusión es una ciudad incompleta, injusta y, en última instancia, insostenible. Reconocer la legitimidad de la lógica de subsistencia no significa aceptar la precariedad como un destino inevitable, sino exigir que el derecho a habitar se amplíe para incluir a todos los ciudadanos, independientemente de su capacidad para pagar por la propiedad.

Hacia un Puente de Empatía: De la Visibilidad a la Reimaginación del Derecho a la Ciudad

En conclusión, la imagen de Viterbo, Caldas, es mucho más que una fotografía; es una invitación a una reflexión crítica sobre las estructuras de poder que configuran nuestras ciudades. Revela un contraste visceral entre la promesa de progreso inmobiliario y la realidad de la subsistencia humana, una dualidad que encapsula la contradicción fundamental del urbanismo contemporáneo en América Latina. El puente amarillo, lejos de ser un simple elemento de la composición, se erige como el símbolo central de esta narrativa: es un umbral físico que separa dos mundos, una frontera social que divide el proyecto de desarrollo del testimonio de la exclusión. Sin embargo, como sugieren los análisis teóricos, este puente no es el único que está en juego. El verdadero puente que necesita nuestra sociedad no es de metal ni de concreto, sino simbólico, un puente de empatía que conecte los sueños de compra con las necesidades de habitar, y que reconozca que el desarrollo no puede construirse sobre la invisibilidad de otros [[6]].

La lectura de esta escena exige que abandonemos las dicotomías simplistas entre lo formal y lo informal, lo deseable y lo precario. La ropa colgada bajo el puente no es una señal de fracaso, sino un acto de resiliencia y una reivindicación silenciosa del derecho a la ciudad [[6,23]]. Representa una forma de habitar que, aunque marginalizada por la planificación urbana y el discurso capitalista, posee su propia lógica, su propia cohesión social y su propia inteligencia espacial. Ignorar esta realidad no solo es una falta de empatía, sino una omisión pragmática que perpetúa las mismas fallas estructurales que la generaron. La imagen nos obliga a ver aquello que la planificación urbana intenta ocultar: que detrás de cada anuncio de progreso hay historias que no se cuentan, y vidas que no se incluyen [[6]].

Para construir un puente verdaderamente inclusivo, es necesario pasar de la simple visibilidad a la reimaginación del derecho a la ciudad. Esto implica un cambio de paradigma en la planificación urbana, que debe dejar de centrarse únicamente en la gestión del mercado inmobiliario y comenzar a abordar las causas profundas de la exclusión. Significa adoptar un enfoque que reconozca la informalidad no como un problema a resolver, sino como una manifestación de necesidades no satisfechas que requieren soluciones integrales. Existen experiencias en toda la región que ofrecen pistas sobre cómo avanzar. Proyectos como el Integral Urban Project (PUI) en Medellín, que buscaba intervenir de manera integral en asentamientos informales con infraestructura, educación y espacios públicos, aunque con resultados mixtos, demostraron la necesidad de un enfoque multifacético [[47]]. Otros, como el Plan Comunitario de Mejoramiento Barrial Sierra de Guadalupe en México o el programa Camino Imaginado en Bogotá, han mostrado que la participación genuina de las comunidades en la planificación y ejecución de obras puede generar resultados duraderos que fortalecen tanto la infraestructura como el capital social [[24,25]]. Estos enfoques, centrados en la urban, social y económica inclusion, reconocen que la vivienda es un elemento cruzado que conecta todas las formas de desarrollo y que la resiliencia de las comunidades es una herramienta fundamental para la gestión de riesgos y la mejora de la calidad de vida [[23,25]].

Finalmente, la tarea ética y política que emerge de esta imagen es compleja. No se trata de elegir entre el desarrollo inmobiliario y la subsistencia, sino de buscar un modelo de urbanismo que integre ambos. Esto podría implicar políticas de tenencia de la tierra que protejan a los agricultores de la especulación, sistemas de vivienda subsidiaria garantizada, y una planificación territorial que sea realmente democrática, basada en datos empíricos y orientada a los intereses generales, en lugar de los particulares [[15,18]]. Requerirá la creación de espacios donde las voces de los más vulnerables sean escuchadas y respetadas, donde la cultura de la “pedagogical urbanism” que usa el espacio público para reformar el comportamiento ciudadano se replantee para incluir la diversidad de usos y modos de vida [[28,30]]. Construir el verdadero puente, el que conecta vidas, no será fácil. Requiere voluntad política, recursos y, sobre todo, una transformación en nuestra percepción de quién pertenece a la ciudad y qué derechos tienen para habitarla. Es un puente sin barandas que excluyan, sin anuncios que prometan mientras silencian, y sin sombras donde algunos deban esconder su existencia [[6]].

Referencias y Fuentes consultadas

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10. Álvarez, I. (2019). Ordinary land grabbing in peri-urban spaces: Land conflicts and governance in a small Colombian city [Tesis doctoral, Lund University]. CORE. https://core.ac.uk/download/222830505.pdf
11. Utrecht University. (2020). ‘Subtle’ and ‘ordinary’ mechanisms of peri-urban land grabbing in Colombia. https://www.uu.nl/en/news/peri-urbanland-grabbing-in-colombia
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