Periódico PORTAVOZ, edición 011

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Editorial

La falacia de las revocatorias

Algunas personas lo han llamado embeleco, otras oportunismo, y no falta quienes la hayan calificado como revanchismo de políticos malos perdedores. Nos referimos a la figura jurídica conocida como revocatoria del mandato.

Se trata de una potestad que la Constitución le da al pueblo para dar por terminado el mandato que se le ha conferido a un alcalde o gobernador, cuando es muy evidente el descontento por su desempeño o incumple su plan de desarrollo.

La avalancha de procesos revocatorios en el país en querellas en las cuales se alegan nimiedades para sacar del paso a figuras incómodas para determinados grupos, solo demuestran que es urgente una reforma al respecto. Una Constitución garantista como la nuestra, únicamente lleva a excesos y al aprovechamiento de la norma para sacar ventaja con fines políticos.

Y este “capricho” como llaman a la revocatoria muchos analistas políticos, le cuesta a Colombia nada más y nada menos que $ 200.000 millones, según lo ha expresado muy claramente la Registraduría Nacional del Estado Civil.

No somos enemigos de la democracia ni de sus mecanismos, pero consideramos que hay otras normas y otras instancias menos costosas para poner en cintura a un alcalde que no ha cumplido sus promesas. Como las acciones que pueden tomar tanto las contralorías o la Procuraduría.

Y esto de cumplir las promesas, formuladas a través de un Plan de Desarrollo, en un año irregular, con pandemia para mucho rato, no tiene mucho sentido. Todos los alcaldes, sin excepción, han tenido que invertir sus recursos en el cuidado de la pandemia, y en el rescate social y económico de los estragos que esta ha generado.

En el caso del alcalde de Manizales, Carlos Mario Marín Correa, quien llegó a esta posición después de obtener 75.697 votos, y alcanzar un gran respaldo popular para su Partido Verde, suena a oportunismo político la movilización que se está haciendo para revocar su mandato.

Con estadísticas en mano, en las que hay que creer mientras alguien no demuestre lo contrario, Marín Correa confirma que ha cumplido con el 93 % de lo consignado en su Plan de Desarrollo, y lo ha hecho invirtiendo solo el 88 % del presupuesto asignado. Es decir, sobró dinero para otros menesteres.

Un proceso de revocatoria es muy contraproducente para un municipio, pues pone a su Alcalde en plan permanente de defensa y no puede atender como se debe los múltiples problemas que genera una administración.

De varios procesos revocatorios que se han realizado en Colombia, solo uno ha cumplido con el objetivo de eliminar el mandato de un Alcalde. Los votos necesarios para cumplir el objetivo son muchos y los gastos muy altos. Unos costos que los políticos solapados no están dispuestos a asumir.

Por eso, como advierten varios observadores, el Alcalde triunfante, el que no pudo ser revocado, se levanta aún más fuerte que antes, y los ilusos promotores de la medida no tienen más remedio que salir con el rabo entre las patas.

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